La Universidad plantea siete prioridades para atender la crisis del agua y propone metas, indicadores y vigilancia pública de los recursos.
La Universidad de Guadalajara (UdeG) reconoció el acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de Jalisco para invertir 24 mil 700 millones de pesos en obras destinadas a mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Sin embargo, advirtió que la magnitud de la crisis requiere acciones que vayan más allá de construir nuevos acueductos y que atiendan también la contaminación, las deficiencias de la infraestructura y los problemas operativos del sistema.
En un posicionamiento difundido tras el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Pablo Lemus Navarro, la institución consideró que la inversión representa un paso importante para proteger la salud y el bienestar de las familias, frente a una problemática acumulada durante varias administraciones.
El acuerdo contempla aportaciones por 14 mil 500 millones de pesos del Gobierno federal y 10 mil 200 millones del Gobierno estatal. Entre los proyectos anunciados están los acueductos Chapala–Guadalajara y Calderón–San Gaspar, además de obras de potabilización y saneamiento. La Universidad destacó que el esquema planteado no contempla recurrir al endeudamiento.
No obstante, sostuvo que la solución debe tener una visión de largo plazo y atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas. Para ello, propuso siete líneas de acción que abarcan desde garantizar agua segura hasta transformar el funcionamiento del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La primera prioridad es garantizar el acceso inmediato a agua segura. Mientras avanzan las obras de mayor alcance, la UdeG considera necesario fortalecer las medidas emergentes de abastecimiento, tratamiento y vigilancia de la calidad del agua, con soluciones técnicamente verificadas para las comunidades que enfrentan problemas.
La segunda consiste en elaborar un diagnóstico integral de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, identificar las causas de las afectaciones y mantener un monitoreo continuo. La Universidad plantea que la vigilancia incluya participación ciudadana, capacidades de laboratorio e información pública sobre las condiciones de las fuentes de suministro y del agua que llega a las viviendas.
Este punto coloca la información verificable como parte de la respuesta a la crisis. Además de anunciar obras, las autoridades tendrían que generar datos que permitan conocer la calidad del agua y evaluar si las intervenciones producen mejoras.
La tercera línea se enfoca en proteger las fuentes de abastecimiento y atender la contaminación. Para ello, la institución propone ampliar y rehabilitar las plantas de tratamiento, regular las descargas urbanas, industriales y agrícolas, y corregir los problemas de contaminación en la presa y el canal de Las Pintas. También plantea aplicar medidas correctivas y sanciones cuando corresponda.
En cuanto a la planeación, la UdeG considera necesario construir un Plan Hídrico Metropolitano que articule acciones de corto, mediano y largo plazo. La propuesta incluye reducir las fugas, renovar las redes de distribución y avanzar hacia una gestión circular del agua, mediante el tratamiento y reúso seguro de aguas grises y residuales, con participación comunitaria y medidas de adaptación al cambio climático.
La quinta prioridad es ampliar la visión de la gestión hídrica. De acuerdo con la Universidad, los nuevos acueductos deben complementarse con la rehabilitación de pozos, la recuperación de acuíferos, la recarga de mantos freáticos y el aprovechamiento del agua de lluvia. El planteamiento busca que la solución no dependa exclusivamente de aumentar el volumen de agua conducido desde otras fuentes.
Otro de los puntos centrales es la transformación integral del SIAPA. La institución plantea fortalecer su sostenibilidad financiera, administrativa, técnica y operativa, así como mejorar los procesos de facturación, cobranza y recuperación de ingresos.
También pide transparentar el uso de los recursos y evitar que las deficiencias del organismo se trasladen automáticamente a los usuarios que cumplen con sus pagos. Para la Universidad, resolver la crisis implica atender tanto las fuentes de abastecimiento como los problemas organizacionales y la capacidad institucional del organismo operador.
La séptima propuesta consiste en impulsar una cultura del agua mediante campañas de educación ambiental, programas comunitarios e incentivos para promover el uso eficiente del recurso. La UdeG plantea fomentar acciones concretas para reducir el desperdicio en hogares, escuelas y centros de trabajo, con la participación de la población en el cuidado y la conservación del agua.
UdeG propone vigilar avances y gasto público
La Universidad de Guadalajara informó que pondrá a disposición de las autoridades sus especialistas, capacidades de investigación e infraestructura de laboratorios para contribuir al diagnóstico y seguimiento de las acciones.
Además, presentará sus siete propuestas ante la Comisión de Seguimiento planteada por el gobernador Pablo Lemus, en la que participarían autoridades, especialistas y universidades.
Para que ese espacio permita evaluar el cumplimiento de los compromisos, la institución considera necesario establecer metas, calendarios, indicadores de avance físico y financiero, así como publicar información periódica sobre los resultados.
La Universidad propone que la evaluación del plan no se limite al dinero invertido o a las obras terminadas. Los indicadores centrales, señala, deben reflejar la calidad y el volumen de agua que efectivamente llega a la población, la continuidad del servicio y la reducción de pérdidas en las redes.
Con este posicionamiento, la UdeG reconoce la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, pero también plantea condiciones para evaluar el alcance de su acuerdo. El desafío será convertir la inversión anunciada en mejoras comprobables para las familias, con información accesible, seguimiento público y medidas que atiendan tanto la contaminación como las deficiencias del sistema de distribución.
