Tras dudas de su actuar, meses de violencia y un pueblo
En un giro que sacude el tablero político nacional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, en medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La decisión ocurre apenas días después de que el Departamento de Justicia estadounidense lo incluyera en una acusación formal junto con otros funcionarios, a quienes señala de facilitar el tráfico de drogas —incluido fentanilo— hacia territorio norteamericano a cambio de beneficios políticos y económicos.
Rocha ha rechazado los señalamientos, pero su salida temporal abre una de las crisis políticas más delicadas en la historia reciente del país.
Un gobernador cercado por acusaciones internacionales
Las imputaciones no son menores: según fiscales estadounidenses, el mandatario habría recibido apoyo del crimen organizado en su campaña y brindado protección institucional a la estructura criminal.
El caso escala aún más porque implica a funcionarios en activo y coloca a México en una tensión diplomática directa con Estados Unidos, que incluso ha solicitado información y posibles procesos de extradición.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha respondido con cautela, señalando que no existen pruebas suficientes y advirtiendo sobre posibles tintes políticos en las acusaciones.
El antecedente que lo persigue: “El Mayo” Zambada
La crisis no surge de la nada. Desde 2024, el nombre del gobernador quedó bajo sospecha tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa.
En una carta posterior a su detención, el capo aseguró que se dirigía a una reunión donde presuntamente estaría el propio Rocha Moya y el político Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día.
El gobernador negó esa versión, pero el episodio marcó el inicio de una narrativa que hoy regresa con fuerza.
Violencia sin tregua: la guerra interna del Cártel
El contexto es todavía más explosivo. Tras la captura de “El Mayo”, se desató una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa:
- Los Chapitos
- La Mayiza
Este conflicto ha dejado meses de violencia, ejecuciones y disputas territoriales en el estado, deteriorando la seguridad pública y aumentando la presión sobre el gobierno estatal.
Protestas, crisis social y desgaste político
A la par de la violencia, Sinaloa ha vivido:
- Marchas y protestas ciudadanas por inseguridad
- Señalamientos de colusión política-crimen
- Desgaste institucional del gobierno estatal
Además, el asesinato de figuras públicas vinculadas al entorno político y universitario —como el ex rector relacionado con los hechos de 2024— abonó a un clima de desconfianza y crisis.
Lo que viene: un proceso que puede redefinir el poder
La licencia del gobernador no es un punto final, sino el inicio de una etapa crítica:
- Investigaciones en México y EE.UU.
- Revisión de posibles responsabilidades penales
- Impacto directo en el equilibrio político rumbo a elecciones
Analistas advierten que este caso podría convertirse en un parteaguas: por primera vez en años, un gobernador en funciones queda atrapado en una investigación internacional por narcotráfico.
Lectura de fondo
Lo que ocurre en Sinaloa no es un hecho aislado. Es la convergencia de tres crisis:
- La disputa interna del crimen organizado
- La presión internacional contra el narcotráfico
- La fragilidad de las instituciones locales
La licencia del gobernador es apenas la señal más visible de un problema mucho más profundo: la delgada línea entre poder político y poder criminal en uno de los estados más golpeados por la violencia en México.
