La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán llamó a no criminalizar las acciones de defensa que emprendieron líderes civiles para salvaguardar sus comunidades, como lo hizo el doctor José Manuel Mireles, quien está preso en una cárcel federal desde el 27 de junio de 2014 acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Al asistir ayer a la audiencia pública en donde se presentaron los argumentos respecto al caso Mireles en Uruapan, el ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, dijo que en este tipo de casos “se debe valorar la valentía con la que actuaron, el contexto y las circunstancias en que se vieron obligados a tomar las armas y defenderse”.
Serrato Lozano reiteró que no se debe criminalizar a las autodefensas, por lo que hizo un llamado a todos los órganos jurisdiccionales para que casos como el de Mireles, se resuelvan en el contexto general de ingobernabilidad y violencia que vivió Michoacán.
“(Mireles) actuó en legítima defensa cuando el Estado mexicano abandonó su tarea de brindar la seguridad pública, la procuración de justicia, de aplicar la ley y de cuidar el orden; en esas circunstancias no era posible que se defendieran con una escoba o con una resortera”, dijo.
Se pronunció por que se restablezca el orden en Michoacán y sea el Estado el único encargado de aplicar la ley, sin embargo, dijo que en el caso Mireles el juez de Distrito debe actualizar “diversas causas excluyentes de incriminación, como lo es la defensa legítima, obrar por necesidad de salvaguardar la vida propia, la de otros y sus bienes”
