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Gobierno de Jalisco reporta 9 mil 500 asistentes y daños tras marcha por el agua

En su versión oficial, la administración estatal afirmó que la protesta comenzó de manera pacífica y atribuyó los destrozos a grupos encapuchados; reportó cinco detenidos, ocho atenciones médicas y afectaciones en comercios y edificios públicos.

El Gobierno de Jalisco presentó su versión de los acontecimientos registrados el domingo 18 de octubre durante la segunda movilización ciudadana contra la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En un comunicado, la administración estatal sostuvo que la manifestación transcurrió de manera pacífica hasta que grupos de personas encapuchadas provocaron destrozos en comercios y edificios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La postura oficial busca distinguir entre los ciudadanos que acudieron a exigir soluciones al problema del agua y quienes, según el Gobierno estatal, realizaron actos vandálicos. De acuerdo con el comunicado, la concentración comenzó en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, con una asistencia estimada de 9 mil 500 personas.

La administración estatal señaló que al lugar llegó un grupo de personas con el rostro cubierto, algunas de las cuales portaban palos y mochilas con petardos. Según su relato, los propios ciudadanos que encabezaban la movilización rechazaron la presencia de este grupo y lo apartaron de la marcha.

El Gobierno de Jalisco afirmó que, ante esa situación, la mayoría de los asistentes decidió no iniciar el recorrido previsto hacia el Centro Histórico, pues consideró que no existían condiciones para continuar. Algunos integrantes del grupo señalado como generador de violencia avanzaron por avenida Juárez hacia Paseo Alcalde, donde, de acuerdo con la versión oficial, comenzaron los daños a establecimientos comerciales.

La administración estatal identificó a estas personas como integrantes de un grupo denominado “Bloque Negro”. Sin embargo, esa identificación forma parte de la postura gubernamental expuesta en el comunicado y no debe interpretarse, por sí sola, como una acreditación judicial de la identidad o pertenencia de todos los participantes en los disturbios.

El documento oficial contabilizó al menos seis establecimientos afectados, entre negocios de alimentos, tiendas, cadenas departamentales, comercios deportivos, restaurantes y locales independientes. Los daños reportados incluyeron pintas, cristales rotos y saqueos.

Ante las afectaciones, el Gobierno de Jalisco informó que, junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, buscará a los propietarios de los negocios dañados para ofrecer apoyo destinado a resarcir las pérdidas ocasionadas por los actos vandálicos.

Los daños también alcanzaron inmuebles públicos. Según el comunicado, personas encapuchadas rompieron puertas y ventanas del Palacio de Gobierno y realizaron pintas en la cantera del edificio. Asimismo, se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia.

Sobre estos últimos hechos, la administración estatal informó que cinco sujetos fueron detenidos minutos después cuando viajaban en una camioneta gris que, de acuerdo con el reporte, había sido robada. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado para las investigaciones correspondientes.

El Gobierno también reportó daños materiales y pintas en Plaza de la Liberación, Plaza Guadalajara y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

La versión oficial, por tanto, atribuye los daños a grupos que se separaron de la concentración ciudadana. Esta distinción coincide con lo señalado por participantes que describieron la decisión de detener la marcha para evitar que familias, estudiantes y adultos mayores quedaran expuestos a los disturbios. No obstante, las responsabilidades individuales y las circunstancias de cada hecho deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

En materia de seguridad, el Gobierno estatal informó que el operativo preventivo estuvo integrado por 948 elementos de corporaciones estatales y municipales, con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el comunicado, los elementos de Seguridad, Salud y Protección Civil y Bomberos respetaron el derecho a la libre manifestación y evitaron confrontarse con los ciudadanos. La administración destacó que el dispositivo contempló también la presencia de personal de atención médica para responder ante posibles emergencias.

La Secretaría de Salud Jalisco, mediante el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), reportó ocho atenciones: seis a civiles y dos a elementos policiales. Dos de las personas atendidas requirieron traslado hospitalario: un hombre de 55 años por arritmia y una mujer de 38 años por una crisis epiléptica.

Durante la movilización participaron también equipos del SAMU, Cruz Verde Guadalajara, Cruz Roja, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

El Gobierno estatal reconoció a quienes, según su versión, evitaron caer en provocaciones y se mantuvieron al margen de los actos violentos. Asimismo, sostuvo que los ciudadanos finalmente lograron manifestarse de manera pacífica frente al Palacio de Gobierno.

La postura de la administración estatal se suma a una jornada marcada por dos reclamos que no deben confundirse: la exigencia ciudadana de contar con agua limpia y de calidad, y la necesidad de esclarecer los hechos violentos y determinar quiénes fueron responsables de los daños registrados en el Centro Histórico.

El comunicado concluye con el compromiso gubernamental de mantener el diálogo y dar seguimiento a acciones para atender las demandas relacionadas con la calidad del agua en la metrópoli. Sin embargo, no detalla en ese documento nuevas medidas específicas, plazos de cumplimiento ni resultados adicionales sobre la solución del problema.

Así, mientras el Gobierno de Jalisco centra su explicación en los actos vandálicos y en el operativo desplegado para proteger a los asistentes, la demanda que convocó a miles de personas continúa vigente: que las autoridades ofrezcan respuestas claras sobre la calidad del agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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