Víctor Manuel Chávez Ogazón, colaboración especial
Hay ausencias que pesan más que una comparecencia incómoda. La del director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, ya no puede verse como un problema de agenda. En menos de una semana dejó plantados dos veces a los diputados de Jalisco. La primera, el lunes. La segunda, este miércoles, mediante una carta en la que, cortésmente, les informó que tenía cosas más importantes que hacer.
Y quizá el problema no sea el director del SIAPA.
El problema es el Congreso.
Cuando un funcionario de segundo o tercer nivel puede cancelar dos convocatorias consecutivas del Poder Legislativo sin consecuencia alguna, el mensaje es demoledor: el Congreso dejó de ser un contrapeso para convertirse en una instancia prescindible.
No se trata de defender o atacar a Ismael Jáuregui. Apenas lleva unas semanas en el cargo y enfrenta una de las peores crisis hídricas de la historia reciente de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es comprensible que tenga una agenda saturada. Lo que resulta difícil de justificar es que considere más importante un recorrido de supervisión que acudir a rendir cuentas ante los representantes populares.
Pero aún más preocupante es que pueda hacerlo sin costo político.
Los diputados convocan, exhortan, aprueban puntos de acuerdo, fijan fechas… y los funcionarios simplemente no llegan. Después envían un oficio, ofrecen disculpas institucionales, reiteran su disposición al diálogo y todo continúa como si nada hubiera ocurrido.
Eso revela una realidad incómoda: el Poder Legislativo ha perdido capacidad para hacerse respetar.
La Constitución establece un equilibrio entre poderes. En la práctica, ese equilibrio parece inclinarse cada vez más hacia el Ejecutivo. Si un funcionario sabe que puede ignorar una convocatoria del Congreso sin enfrentar sanciones, cuestionamientos serios o repercusiones políticas, entonces el problema ya no es la actitud del funcionario, sino la debilidad de la institución que lo cita.
Paradójicamente, los diputados están a punto de discutir uno de los temas más importantes del sexenio: la autorización de una nueva deuda pública para financiar el proyecto hídrico anunciado por el Gobierno del Estado.
¿Con qué información tomarán esa decisión si el propio director del organismo operador del agua no comparece?
Peor aún: algunos legisladores reconocen que siguen sin recibir el diagnóstico integral del SIAPA que el propio Congreso ordenó entregar hace un año. Ahora tampoco logran sentar en la mesa al funcionario responsable de explicar el estado del organismo.
La imagen es devastadora.
Mientras el Ejecutivo presenta proyectos multimillonarios, el Congreso sigue esperando documentos, diagnósticos… y funcionarios.
No es un asunto menor. La credibilidad de los diputados se erosiona cada vez que aceptan ser relegados en la agenda de quienes, constitucionalmente, están obligados a rendirles cuentas.
La ciudadanía observa un Congreso que convoca y nadie atiende; que exige información y no la obtiene; que anuncia comparecencias que terminan en una silla vacía.
Y esa percepción alimenta una pregunta inevitable: ¿quién manda realmente?
Si los propios funcionarios consideran que comparecer ante el Legislativo es opcional, el mensaje hacia los ciudadanos es todavía más grave: el Congreso dejó de ser un espacio donde se fiscaliza al poder.
La democracia no se debilita únicamente cuando un funcionario decide no asistir. Se debilita cuando los representantes populares permiten que esa ausencia se vuelva costumbre.
Porque al final, la silla vacía no exhibe solamente al funcionario que no llegó.
ddddddddddddddd cTambién refleja el tamaño de la autoridad que ha perdido el Congreso de Jalisco.
