Por el Vocero Cibernético
Dentro de un año, México estará en el centro de la atención mundial. Millones de personas llegarán para disfrutar de la Copa Mundial de Futbol 2026, los estadios lucirán llenos, las plazas públicas se convertirán en puntos de encuentro y las autoridades presumirán cifras de visitantes, ocupación hotelera y derrama económica.
Todo eso es importante. Pero hay una pregunta que debería ocupar un lugar central en la conversación pública: ¿estamos preparados para proteger a los niños?
La pregunta resulta incómoda porque obliga a mirar más allá de la fiesta. Nos obliga a dirigir la atención hacia una realidad que suele permanecer oculta entre las estadísticas del turismo y los discursos de promoción internacional: la trata y la explotación de menores.
La Universidad de Guadalajara advirtió recientemente que, durante el periodo mundialista, México podría registrar un incremento de entre 20 y 30 por ciento en delitos relacionados con la trata infantil. La estimación retoma datos del reporte 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), construidos a partir de información de fiscalías, organismos de protección de menores y otras fuentes oficiales.
La sola posibilidad de un aumento debería provocar alarma nacional.
Sin embargo, pareciera que la preocupación sigue concentrada en los hoteles disponibles, las nuevas rutas de transporte y los beneficios económicos que dejará el torneo. Se habla mucho de la fiesta. Se habla poco de quienes podrían convertirse en sus víctimas invisibles.
Y esa indiferencia es precisamente lo que más preocupa.
Porque la trata de menores no es un delito marginal. Es una de las formas más crueles de violencia que existen. Implica convertir a niñas, niños y adolescentes en mercancías. Significa arrebatarles la libertad, la seguridad, la educación y, en muchos casos, la posibilidad de tener una vida normal.
La gravedad del problema queda evidenciada en los datos internacionales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta que cerca de 38 por ciento de las víctimas detectadas de trata de personas en el mundo son menores de edad. Es decir, más de una tercera parte de quienes sufren este delito son niñas, niños o adolescentes.
Detrás de cada porcentaje existe una historia.
Existe una niña obligada a realizar actividades sexuales para beneficio de terceros. Existe un adolescente sometido a jornadas laborales extenuantes. Existe un menor utilizado para mendigar en las calles mientras alguien más recibe las ganancias.
Son historias que rara vez aparecen en los encabezados.
Y quizá por eso la sociedad ha aprendido a convivir con ellas.
Nos hemos acostumbrado a ver niños vendiendo dulces en los cruceros. Nos hemos acostumbrado a ver menores trabajando en horarios escolares. Nos hemos acostumbrado a que la pobreza infantil forme parte del paisaje urbano.
La normalización es una de las mayores victorias de quienes explotan a los menores.
Cuando una sociedad deja de indignarse, el problema se vuelve más fácil de ocultar.
El Mundial representa una oportunidad extraordinaria para México. Sería absurdo negarlo. El turismo genera empleo, atrae inversión y coloca al país frente a una audiencia global.
Pero también sería irresponsable ignorar los riesgos que acompañan a los grandes eventos internacionales.
Los especialistas llevan años advirtiendo que los movimientos masivos de población pueden ser aprovechados por redes criminales. Cuando llegan millones de visitantes, aumenta la demanda de servicios, crece la circulación de dinero y se multiplica la movilidad de personas. Ese contexto puede facilitar actividades ilícitas que pasan desapercibidas entre la multitud.
No significa que el Mundial provoque por sí mismo la trata de personas.
Significa que amplifica vulnerabilidades que ya existen.
Y México llega a esta cita con problemas que no han sido resueltos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF estiman que alrededor de 138 millones de niñas, niños y adolescentes siguen realizando trabajo infantil en el mundo. De ellos, aproximadamente 54 millones desarrollan actividades consideradas peligrosas para su salud y seguridad.
Son cifras que reflejan una realidad persistente: la infancia sigue siendo uno de los sectores más vulnerables del planeta.
En México, la situación tampoco es alentadora.
La pobreza, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la impunidad continúan creando condiciones propicias para la explotación infantil.
Por eso resulta preocupante escuchar que muchas de las campañas de prevención asociadas al Mundial apenas comienzan a desarrollarse.
La protección de la infancia no puede improvisarse.
No debería ser una tarea que se active unos meses antes del torneo.
Debió comenzar desde el momento en que México supo que recibiría a millones de visitantes.
Y aquí aparece otra cuestión fundamental: la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades.
La trata de menores prospera porque encuentra silencio.
Prospera cuando los ciudadanos observan situaciones sospechosas y deciden ignorarlas.
Prospera cuando los empresarios prefieren no denunciar.
Prospera cuando las instituciones no investigan.
Prospera cuando los medios de comunicación hablan de ella solamente en fechas conmemorativas.
Combatir este delito exige una movilización social mucho más amplia.
Las autoridades deben fortalecer la vigilancia en zonas turísticas, capacitar a policías, ministerios públicos y personal de atención a víctimas. Deben mejorar los mecanismos de coordinación entre dependencias y garantizar que las denuncias tengan seguimiento.
Pero la ciudadanía también tiene una responsabilidad.
Es necesario aprender a identificar señales de alerta. Menores trabajando jornadas extensas. Niños que parecen estar bajo control constante de un adulto. Adolescentes que muestran miedo o incapacidad para hablar libremente sobre su situación. Personas que utilizan a menores para pedir dinero o vender productos.
No se trata de asumir culpabilidades sin pruebas.
Se trata de observar y denunciar.
Porque cada llamada puede significar una diferencia.
Cada reporte puede representar una oportunidad para rescatar a una víctima.
Cada intervención puede evitar una tragedia.
Lo verdaderamente preocupante sería que el Mundial termine y descubramos que el país no hizo lo suficiente para proteger a sus niños.
Que celebremos la derrama económica mientras ignoramos el sufrimiento de quienes quedaron atrapados en redes de explotación.
Que aplaudamos el éxito turístico mientras fallamos en la defensa de los derechos más básicos.
México tiene una oportunidad histórica.
No solamente para mostrar su infraestructura, su capacidad organizativa o su hospitalidad.
Tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de colocar a la infancia en el centro de sus prioridades.
Porque al final, el legado más importante de un Mundial no debería medirse por el número de visitantes ni por los millones de pesos generados.
Debería medirse por la capacidad de una sociedad para proteger a quienes no pueden defenderse solos.
Y si hay algo que no puede permitirse ningún país que aspire a llamarse justo, es celebrar una fiesta global mientras algunos de sus niños siguen siendo tratados como mercancía.
La trata infantil no es una estadística.
No es un daño colateral.
No es un problema secundario.
Es una emergencia moral.
Y actuar para prevenirla no debería ser una opción. Debería ser una obligación colectiva.
