Por El Matador (Hay video)
@matador_2016
En México, la justicia dejó hace tiempo de parecer imparcial. Hoy se mueve al ritmo de las coyunturas políticas, de los intereses partidistas y de las necesidades electorales. El problema no es solamente que existan más de 600 juicios políticos y procesos pendientes en el Congreso de la Unión sin resolverse; el verdadero problema es que algunos expedientes duermen años enteros mientras otros avanzan de manera meteórica cuando conviene al poder.
El caso que ahora apunta hacia la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la ley se aplica con el mismo rigor para todos o sólo contra quienes son políticamente útiles como objetivo?
La acusación gira en torno a la presunta destrucción de evidencia relacionada con un laboratorio de drogas. El tema, evidentemente, es grave y debe investigarse. Nadie puede minimizar un hecho vinculado con el narcotráfico en un país desgarrado por la violencia criminal. Pero el debate no está solamente en el contenido del expediente, sino en la velocidad y el contexto político en que se pretende empujar.
Porque mientras este asunto amenaza con convertirse en un juicio exprés, existen decenas de casos mucho más explosivos atorados en los cajones legislativos y judiciales. Ahí está Sinaloa. Ahí están los señalamientos internacionales. Ahí están las solicitudes de Estados Unidos para extraditar a exfuncionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Y, sin embargo, el sistema político mexicano se mueve con una parsimonia casi burocrática cuando el tema toca fibras sensibles del poder.
¿Por qué un caso sí y otros no?
Esa es la pregunta que inevitablemente terminará haciéndose la ciudadanía.
Si el procedimiento contra Maru Campos prospera en fast track, la lectura política será brutal: el aparato institucional puede acelerarse cuando hay voluntad política para hacerlo. Y si eso ocurre, automáticamente quedará exhibido que los otros cientos de asuntos pendientes no avanzan por falta de interés, no por falta de elementos jurídicos.
El riesgo es enorme.
Porque el Congreso podría consolidar un precedente peligroso: utilizar la figura del juicio político como instrumento de presión, negociación o castigo selectivo. En democracia, las instituciones deben ser predecibles y parejas. Cuando la justicia corre para unos y se congela para otros, deja de ser justicia y se convierte en herramienta de control.
Y sí, inevitablemente aparece la palabra venganza.
No necesariamente una venganza personal, sino política. Chihuahua es una de las entidades donde la oposición aún conserva fuerza territorial y simbólica. Golpear a Maru Campos no sería únicamente afectar a una gobernadora; sería enviar un mensaje nacional hacia otros actores opositores: nadie está blindado si el poder decide ir por ellos.
Lo delicado es que, aun cuando existieran elementos reales en la investigación, la percepción pública terminará contaminándolo todo. Porque la credibilidad institucional ya está fracturada.
En México hemos llegado a un punto donde la gente ya no pregunta si un político es culpable o inocente. Primero pregunta: “¿de qué partido es?”. Ese deterioro democrático es gravísimo.
Y mientras tanto, el país sigue acumulando pendientes monumentales. Casos de corrupción multimillonaria sin sentencia. Expedientes ligados al crimen organizado sin resolución. Exfuncionarios señalados internacionalmente que siguen sin enfrentar consecuencias. Gobernadores cuestionados que jamás fueron tocados. Redes políticas enteras protegidas por pactos de impunidad.
Por eso el tema de Maru Campos trasciende a Chihuahua.
Lo que está en juego no es solamente el futuro político de una gobernadora; lo que se está poniendo a prueba es la consistencia del Estado mexicano.
Si el Congreso demuestra que sí puede actuar rápido, entonces la exigencia será inmediata: que actúe igual en todos los casos.
Porque si no lo hace, quedará claro que en México la justicia no depende de la gravedad de los hechos, sino de la utilidad política del acusado.
