El gobernador de Sinaloa retomó el cargo tras 112 días de licencia, pero los señalamientos de Estados Unidos y la investigación mexicana mantienen abierto el caso.
Rubén Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa. Después de 112 días separado temporalmente del cargo, el mandatario anunció el viernes 21 de agosto su reincorporación y aseguró que regresa con la intención de continuar gobernando hasta el final de su periodo, en octubre de 2027.
Su regreso, sin embargo, está lejos de cerrar la controversia que lo llevó a pedir licencia. El gobernador enfrenta señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa y, aunque Rocha sostiene que es inocente y que no existen elementos que acrediten una conducta delictiva, el caso mantiene abierta una discusión política, judicial y diplomática entre México y Estados Unidos.
Para entender por qué el regreso de Rocha Moya es relevante, hay que remontarse al 29 de abril de 2026. Ese día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra el gobernador y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación sostiene que los señalados habrían conspirado con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político, protección y sobornos. Entre los señalados aparecen también el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez y varios mandos policiales y funcionarios estatales.
El señalamiento fue particularmente grave porque involucró a un gobernador mexicano en funciones y porque la acusación fue presentada ante una corte federal estadounidense, en el Distrito Sur de Nueva York.
No se trata, por tanto, de una denuncia política cualquiera. Estados Unidos abrió un procedimiento judicial en su territorio y solicitó la detención provisional con fines de extradición de los señalados.
Pero aquí aparece una diferencia fundamental que es importante explicar con claridad: una acusación no equivale a una sentencia.
Rocha Moya no ha sido condenado por estos hechos y mantiene su derecho a la presunción de inocencia. El propio gobernador ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de falsas y políticamente motivadas.
Después de que Washington hizo públicos los señalamientos, Rocha Moya solicitó al Congreso de Sinaloa una licencia temporal para separarse de sus funciones. Lo hizo, según explicó entonces, para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas y facilitar las investigaciones.
La licencia comenzó el 1 de mayo y se prolongó durante 112 días. Durante ese periodo, el secretario general de Gobierno, Rubén Rocha, fue sustituido temporalmente en sus funciones por el gobernador interino Jesús Gámez Mendívil.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) revisó la información relacionada con la acusación estadounidense.
Desde el inicio, la posición de la Fiscalía mexicana fue distinta a la de las autoridades estadounidenses. El 1 de mayo, la FGR informó que no contaba con elementos suficientes para realizar una detención provisional con fines de extradición y señaló que solicitaría a Estados Unidos información y pruebas adicionales para analizar el caso.
En julio, la Fiscalía reiteró que hasta ese momento no existían elementos suficientes para proceder penalmente contra Rocha Moya y que las diligencias relacionadas con la solicitud estadounidense continuaban.
Durante su periodo de licencia, el gobernador compareció ante la FGR el 26 de mayo, según reportó El Economista, y respondió a los requerimientos de la autoridad.
Ese antecedente es central para entender su regreso.
Rocha Moya sostiene que, después de los 112 días de investigación, no fueron encontrados elementos que demostraran su participación en una conducta delictiva. Con ese argumento anunció su regreso al Gobierno de Sinaloa y aseguró que lo hace con “la frente limpia y en alto”.
Pero la situación jurídica y política no es tan sencilla como decir que el gobernador fue “exonerado”.
Lo que ha informado la FGR es que no existen elementos suficientes para justificar una detención provisional o, hasta el momento, para proceder penalmente. Eso es diferente de una sentencia judicial que declare que los hechos denunciados nunca ocurrieron o que cierre definitivamente cualquier investigación.
Esa distinción es importante para los lectores porque permite entender dónde está parado el caso sin adelantar conclusiones.
Además, la reincorporación de Rocha Moya provocó una reacción política poco habitual dentro de su propio partido.
La Secretaría de Gobernación señaló que su regreso fue una decisión de carácter personal y Morena se deslindó públicamente de la decisión. La dirigencia partidista sostuvo que no se trató de una determinación tomada por el partido.
La reacción también llegó de otros gobernadores de la llamada Cuarta Transformación, quienes expresaron respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y pidieron que Rocha conduzca su regreso con madurez.
La oposición, por su parte, ha utilizado el caso para exigir la salida definitiva del gobernador e incluso ha planteado mecanismos como el desafuero o la desaparición de poderes. Sin embargo, cualquier procedimiento de esa naturaleza tendría que seguir los cauces constitucionales y legislativos correspondientes.
El regreso ocurre además en un momento especialmente delicado para Sinaloa.
El Estado lleva meses enfrentando una crisis de violencia asociada a la disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa. A esto se suma que las investigaciones federales sobre hechos ocurridos en 2024 continúan generando nuevas detenciones y controversias.
Esta misma semana fue detenido Fausto Corrales, un funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa señalado por la FGR en relación con las investigaciones sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Su detención añadió otra pieza a un expediente que ha tenido repercusiones políticas en Sinaloa desde 2024.
El caso Rocha también tiene una dimensión internacional.
Estados Unidos sostiene acusaciones que México no ha considerado, hasta ahora, suficientes para proceder contra el gobernador. Esa diferencia coloca al Gobierno mexicano ante una situación delicada: por un lado está obligado a investigar cualquier señalamiento relacionado con narcotráfico y corrupción; por otro, debe respetar sus propios procedimientos legales y la soberanía nacional.
Para los lectores de Minerva Multimedios, esto significa que el caso no debe reducirse a una disputa entre partidos o gobiernos.
Lo que está en juego es mucho más amplio: la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar acusaciones provenientes del extranjero, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la confianza de la población en sus autoridades.
También hay una pregunta que seguirá pendiente: ¿qué ocurrirá con la información y las pruebas que Estados Unidos afirma tener?
Hasta ahora, la FGR ha dicho que requiere mayores elementos para valorar la solicitud estadounidense. Mientras tanto, Rocha Moya sostiene que las acusaciones carecen de sustento y que no existe evidencia que demuestre su participación en delitos.
El gobernador ya regresó a Palacio de Gobierno y comenzó nuevamente sus actividades. Este viernes se reunió con integrantes de su gabinete y retomó formalmente las funciones que había dejado durante su licencia.
Su regreso, sin embargo, no significa que la controversia haya terminado.
Por el contrario, abre una nueva etapa en la que las autoridades mexicanas tendrán que explicar con mayor claridad qué se ha investigado, qué información ha entregado Estados Unidos y cuál es el estado real de las carpetas relacionadas con los señalamientos.
Mientras eso ocurre, Rocha Moya continuará gobernando Sinaloa con la presunción de inocencia que establece la ley, pero también bajo el escrutinio público derivado de una acusación internacional de enorme gravedad.
El desenlace del caso dependerá de las investigaciones, de las pruebas que puedan incorporarse y de las decisiones que tomen las autoridades de ambos países.
Por ahora, una cosa está clara: Rocha Moya regresó al cargo, pero la polémica que provocó su salida temporal todavía no termina.
