Hay crisis que estallan de un día para otro y hay otras que se incuban durante décadas hasta que se vuelven políticamente imposibles de ocultar. La del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara pertenece a la segunda categoría.
Sin embargo, el debate público parece haber tomado un atajo peligroso: desaparecer el SIAPA.
La propuesta comenzó a ganar terreno conforme la crisis del agua se profundizó. Después de siete meses de reportes diarios por agua color café, malos olores, sedimentos e incluso apariencia aceitosa en cientos de colonias, la indignación ciudadana es comprensible. Lo que no necesariamente resulta razonable es creer que cambiar el nombre o desmantelar una institución resolverá un problema que se construyó durante décadas.
Porque la discusión de fondo no debería ser si el SIAPA desaparece.
La verdadera pregunta es ¿por qué llegamos hasta aquí?.
Durante semanas el discurso oficial intentó reducir el tamaño de la crisis. Primero se habló de apenas 184 colonias afectadas. Después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco exhibió una realidad mucho mayor: la Planta Potabilizadora Número Uno de Miravalle abastece alrededor de 650 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque.
No fue únicamente un ajuste estadístico. Fue la confirmación de que la dimensión del problema había sido subestimada mientras miles de familias seguían comprando garrafones para bañarse, cepillarse los dientes o preparar alimentos.
La crisis dejó de ser hidráulica para convertirse en una crisis de confianza.
En ese contexto surgieron voces que plantean devolver la administración del agua a los municipios o incluso desaparecer el organismo metropolitano.
La idea puede sonar políticamente atractiva. Siempre resulta más sencillo señalar al organismo que reconocer que detrás de la crisis existe una cadena de responsabilidades compartidas entre gobiernos estatales, municipales y administraciones de distintos partidos que durante años postergaron inversiones, permitieron el envejecimiento de la infraestructura y administraron el problema con soluciones temporales.
La propia Recomendación 10/2026 de la CEDHJ deja claro que las responsabilidades no recaen exclusivamente en el SIAPA. También señala omisiones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua y de diversos ayuntamientos metropolitanos en la protección del derecho humano al agua.
Por eso desaparecer el organismo podría convertirse en una salida políticamente rentable, pero técnicamente insuficiente.
Porque las tuberías seguirán teniendo más de medio siglo de antigüedad.
Porque las fugas no desaparecerán con un decreto.
Porque la contaminación de la cuenca de Las Pintas no cambiará de un día para otro.
Porque la falta de mantenimiento acumulada durante décadas no se resolverá únicamente modificando un organigrama.
Lo que necesita la metrópoli es una profunda reforma institucional, no necesariamente un funeral administrativo.
En ese sentido, el plan presentado por el Gobierno de Jalisco para invertir 25 mil millones de pesos en la modernización del sistema abre una ruta distinta. Modernizar la planta de Miravalle, construir un segundo acueducto desde Chapala, renovar redes hidráulicas, rehabilitar tanques y fortalecer el monitoreo del agua son medidas que atacan el problema estructural, no únicamente sus consecuencias políticas.
Eso no significa otorgar un cheque en blanco.
La inversión deberá estar acompañada de transparencia, vigilancia ciudadana, profesionalización de la estructura técnica, eliminación de cuotas políticas y una verdadera rendición de cuentas. De lo contrario, cualquier cantidad de dinero terminará perdiéndose en el mismo sistema que hoy se cuestiona.
El SIAPA necesita cambiar. Probablemente como nunca antes en sus casi cinco décadas de historia.
Pero cambiar no necesariamente significa desaparecer.
Porque cuando una institución fracasa, la solución no siempre consiste en demoler el edificio. A veces lo verdaderamente difícil —y también lo verdaderamente responsable— es reparar los cimientos.
Y quizá ahí radique el verdadero desafío para la clase política.
Es mucho más fácil desaparecer un organismo que reconstruir la confianza de millones de ciudadanos que, desde hace siete meses, siguen abriendo la llave esperando que, por fin, vuelva a salir agua y no incertidumbre.
