El proyecto, que busca sustituir infraestructura obsoleta, aún no cuenta con permisos ambientales ni garantiza mayor transparencia sobre su desarrollo.
El Gobierno de Jalisco anunció avances en el proceso de licitación del proyecto ejecutivo para el nuevo acueducto Chapala–Guadalajara, una obra que pretende asegurar el abasto de agua a la Zona Metropolitana y corregir deficiencias del sistema actual. Sin embargo, aunque el discurso oficial se enfoca en la modernización y eficiencia, el proyecto sigue generando dudas sobre su impacto ambiental, la falta de acceso a información pública detallada y la ausencia de garantías concretas para los municipios ribereños.
El sistema actual, construido hace más de tres décadas, presenta pérdidas de agua y altos costos de operación, especialmente en el tramo abierto que recorre el Río Santiago y canales como el de Atequiza y Las Pintas. Las autoridades reconocen que actualmente solo se aprovechan entre 5.2 y 5.5 metros cúbicos por segundo del volumen concesionado a Guadalajara (7.5 m³/s), mientras que el resto se pierde en fugas y se contamina antes de llegar a las plantas de tratamiento.
Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) aseguran que el nuevo acueducto cerrará el circuito de transporte y mejorará el control del líquido, evitando pérdidas. La Coordinadora de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, defendió el proyecto como “impostergable” y aseguró que no implicará extraer más agua del Lago de Chapala, aunque no se presentó documentación técnica que sustente esta afirmación ante medios o colectivos.
El titular de la SGIA, Ernesto Marroquín Álvarez, explicó que el objetivo es encapsular en una sola tubería todo el volumen concesionado, para garantizar un mejor control y reducir los costos de potabilización. No obstante, admitió que la obra aún no cuenta con los estudios ambientales ni con los permisos necesarios para comenzar.
El proyecto ejecutivo, cuya licitación se lanzó en abril, se adjudicará formalmente en junio y deberá ser entregado por la empresa ganadora en octubre. El estudio incluirá análisis topográficos, mecánica de suelos e hidrología, que posteriormente se utilizarán para gestionar permisos ambientales y derechos de vía. La construcción podría comenzar en 2026 y concluir hacia 2029, si los tiempos administrativos y financieros se cumplen.
A pesar de que el Gobierno del Estado ha iniciado mesas de diálogo con alcaldes ribereños y colectivos, no se han publicado los detalles técnicos del proyecto ni los criterios para su evaluación ambiental. Tampoco se ha consultado formalmente a comunidades que podrían verse afectadas por obras de infraestructura o la ocupación de terrenos.
Especialistas en gestión hídrica y organizaciones ambientales han advertido sobre la necesidad de establecer mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia en torno al acueducto. Señalan que, sin acceso a estudios públicos, es difícil verificar que el proyecto no implique un mayor riesgo para el equilibrio del Lago de Chapala, que desde hace años enfrenta problemas de sobreexplotación y contaminación.
Desde 2014, un decreto federal impide extraer más agua del lago fuera de lo establecido en concesiones, precisamente para proteger la cuenca Lerma-Chapala. El gobierno estatal asegura que respetará ese límite, pero la experiencia previa con megaproyectos hidráulicos en la región genera escepticismo entre habitantes y organizaciones civiles.
