El sistema de vigilancia estatal refuerza su presencia con tecnologías de reconocimiento facial y mayor coordinación regional.
Desde su implementación, el sistema C5 Escudo Jalisco ha consolidado su operación como centro de atención de emergencias, con más de 367 mil incidentes atendidos en distintos puntos del estado. Las cifras reflejan una participación activa en situaciones que involucran a cuerpos de seguridad, servicios médicos y protección civil.
Durante una conferencia de prensa, Juan Carlos Contreras Vargas, titular del sistema, señaló que el 911 ha recibido más de 2 millones de llamadas, de las cuales se derivaron 197 mil 559 intervenciones de seguridad pública, más de 50 mil casos atendidos por Protección Civil, y 73 mil servicios médicos brindados.
Uno de los datos destacados es la recuperación de 946 vehículos robados, además del trabajo de canalización de más de 79 mil reportes ciudadanos a través del número de denuncia anónima 089, principalmente relacionados con extorsiones telefónicas. Contreras mencionó que ya se trabaja junto con la Fiscalía del Estado y empresas de telefonía para cancelar los números usados en estos delitos.
Aunque se resaltan avances tecnológicos y operativos, el funcionario reconoció que la capacitación del personal es un eje clave para garantizar la calidad en la atención, con formación continua en temas como atención médica, ciberseguridad, protocolos de crisis y control de calidad, en colaboración con instituciones como SAMU y la propia Fiscalía.
De cara al futuro inmediato, el C5 apuesta por una estrategia de cobertura regional a través de 11 Centros Regionales de Emergencia, distribuidos estratégicamente para brindar atención más rápida y localizada. Esta red responderá a criterios como densidad poblacional, vulnerabilidad social y niveles de incidencia delictiva.
El sistema también proyecta modernizar su infraestructura tecnológica, incorporando cámaras con reconocimiento facial, lectores automáticos de placas vehiculares, arcos carreteros con conexión interinstitucional y un esquema de videovigilancia más robusto.
Aunque el modelo tecnológico se presenta como uno de los más avanzados del país, especialistas y organizaciones civiles han señalado la necesidad de evaluar públicamente su efectividad, garantizar la transparencia en el uso de datos y asegurar que la vigilancia no comprometa derechos fundamentales de la ciudadanía.
