POR BEN MONTERROSO*
(Colaboración Especial para Minerva)
Dentro de las responsabilidades y tareas con las que cuenta un Estado moderno, está aquella que tiene que ver con conocer, recolectar y conservar datos específicos sobre la población que se tiene que gobernar, de aquí deriva la importancia de la implementación de censos estadísticos que permiten mejorar el diseño de planes, programas y políticas públicas; mejoran la asignación de recursos, coadyuvan para identificar polos de desarrollo económico, y sin duda ayudan a identificar poblaciones vulnerables.
Recientemente el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la adhesión de una nueva pregunta en el próximo censo poblacional de 2020, la cual está enfocada en saber si una persona es ciudadana o no del país. El gran problema es que esta nueva pregunta intimidaría a los migrantes, reduciendo así la población encuestada y generando datos poco asertivos que no reflejen la verdadera composición del país.
Esta pregunta de ciudadanía representa la alteración del balance político del poder en los mapas legislativos, ya que el censo ayuda al gobierno estadounidense a calcular la distribución de los recursos y a dibujar los distritos para las elecciones locales y estatales.
Históricamente el censo ha sido un mecanismo de control y poder del gobierno estadounidense sobre las minorías, utilizándolo a conveniencia para definir quién forma parte de la comunidad política y quién se queda al margen, dicho censo se realiza cada 10 años y está incluido como un mandato de la Constitución.
Su principal objetivo, es proporcionar un recuento exacto de todos los residentes. Dichos datos se utilizan para determinar cómo distribuir más de $675 billones de dólares en fondos para programas federales, a la vez que se utilizan para trazar los distritos electorales.
Los datos del censo también se utilizan para rediseñar los distritos de la Cámara; a su vez, el número de escaños de la Cámara de cada estado determina la cantidad de votos electorales en una elección presidencial.
El reporte Brookings del 2010 calcula que aproximadamente el 31% de todos los programas federales utiliza los datos del censo para guiar la distribución de recursos, ya que las subvenciones basadas en el censo conforman hasta el 75 % de todos los fondos federales.
En Diciembre del año pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió formalmente al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, la inclusión de una pregunta de ciudadanía en el censo a realizarse en 2020; sin embargo, esta consulta sobre la ciudadanía no se incluye desde el año 1950 en los Estados Unidos. Hasta el momento, representantes de ambos partidos se han pronunciado rechazando la inclusión de la pregunta, al considerarla una herramienta que sesgará el conteo de la población.
Sobra mencionar que existen infinidad de implicaciones negativas resultado de aplicar una preguntar de ciudadanía, como por ejemplo un recorte en los fondos federales distribuidos a cada estado al no contabilizar de forma adecuada el grueso de su población.
En los estados con mayoría migrante, representados por el partido Demócrata, la preocupación aumenta debido al miedo que generaría la incertidumbre de no conocer el destino de sus respuestas y en consecuencia la poca participación de la ciudadanía, temiendo perder puestos legislativos a nivel estatal y en el Congreso, así como financiamiento del gobierno federal.
Además, por cada persona sin contar, se estarían perdiendo 1,611 dólares de acuerdo a un estudio realizado por la universidad George Washington en 2015. No contar a las minorías significa menos representación en el gobierno y menos recursos federales a los estados y comunidades con poblaciones de hispanos, negros y personas del Medio Oriente.
El poder no es inocente. La verdadera intención de la Administración central en agregar la pregunta de ciudadanía al censo, es favorecer políticamente al Presidente Trump para su posible reelección.
A su vez, esto es una muestra del poder político sobre decidir quién forma parte de la comunidad y quién no. Una vez más los latinos somos excluidos de las decisiones políticas que afectan a la mayoría. Una acción más que se circunscribe a la política del miedo que está llevando a cabo Trump.
Concientizamos que si no nos cuentan, seremos invisibles; y si somos invisibles, nuestros problemas no serán tomados en cuenta. Por ello tenemos que demostrar nuestra fuerza como comunidad y ponerle un alto a las políticas de segregación de la Administración central.
Si recuperamos el Congreso tendremos un verdadero contrapeso al poder central que trata de dividirnos aún más, es momento de salir a votar en las próximas elecciones intermedias y consolidar nuestra fuerza latina.
*Ben Monterroso es Director Ejecutivo de Mi Familia Vota
