La presidenta comprometió el financiamiento de las obras hidráulicas, cuyo costo preliminar se estima entre 12 mil y 13 mil millones de pesos. El anuncio ocurre tras las protestas por agua sucia, los enfrentamientos del 11 de octubre y la polémica por el nuevo acueducto desde Chapala.
El Gobierno de México aportará los recursos necesarios para garantizar el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, anunció este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un giro al debate sobre cómo financiar las obras hidráulicas que requiere Jalisco.
Durante su conferencia matutina, Las mañaneras del pueblo, la mandataria afirmó que la Federación buscará cubrir el costo de los proyectos sin obligar al Gobierno estatal a contratar deuda.
“El gobierno federal va a aportar los recursos, todo”, declaró Sheinbaum al referirse a las obras que se analizan para atender la crisis hídrica de la metrópoli.
La presidenta explicó que el Gobierno de Jalisco tiene contemplada una inversión de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en una planta potabilizadora, mientras que la información presentada por el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, apunta a un monto de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.
Sheinbaum adelantó que este jueves se realizará una revisión más detallada para precisar las necesidades financieras y determinar cómo se obtendrán los recursos.
“Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber ningún endeudamiento”, señaló.
El anuncio abre la posibilidad de que la Federación asuma el financiamiento de las obras, aunque todavía deberán precisarse los proyectos incluidos, sus costos definitivos, los plazos de ejecución y los mecanismos de coordinación con la administración de Pablo Lemus Navarro.
Una crisis que llegó a las calles
El compromiso federal se produce en medio de una crisis que ha escalado de las denuncias vecinales a la confrontación social y política.
Durante octubre, habitantes de distintas colonias de Guadalajara y municipios metropolitanos denunciaron que el agua que llega a sus hogares presenta coloraciones, malos olores y sedimentos. Las quejas se han acompañado de exigencias para conocer la calidad del líquido y obtener soluciones que garanticen su uso seguro.
El domingo 11 de octubre, miles de personas marcharon desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia. La movilización terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías, con uso de gas lacrimógeno, personas lesionadas y 39 detenidos, de acuerdo con el balance oficial difundido entonces.
El gobernador Pablo Lemus reconoció posteriormente errores en la actuación gubernamental y pidió investigar lo ocurrido. Familiares, abogados y organizaciones civiles cuestionaron el uso de la fuerza y solicitaron esclarecer las detenciones y las posibles violaciones a los derechos humanos.
Una semana después, el 18 de octubre, se convocó una segunda movilización. La marcha ciudadana fue interrumpida por incidentes y, posteriormente, se registraron destrozos, incendios y daños en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Lemus atribuyó esos actos a grupos violentos y sostuvo que debían distinguirse de las expresiones pacíficas por el derecho al agua. Los hechos volvieron a colocar bajo escrutinio la actuación de las autoridades y las condiciones para ejercer el derecho a la protesta.
El acueducto, en el centro de la disputa
En paralelo, el Gobierno de Jalisco impulsó un proyecto para construir un nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara, con el propósito de mejorar el suministro y sustituir infraestructura que presenta problemas de antigüedad y operación.
La propuesta estatal contempla una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos mediante un esquema de financiamiento de largo plazo con participación privada. El costo total de los compromisos financieros, las condiciones contractuales y sus efectos sobre las finanzas públicas provocaron cuestionamientos de legisladores y organizaciones civiles.
El debate llegó al Congreso de Jalisco, donde se plantearon dudas sobre el costo del proyecto, la conveniencia de comprometer recursos públicos durante décadas y la necesidad de comparar alternativas antes de autorizar el esquema propuesto.
La discusión no se limita a construir una nueva conducción de agua. También abarca la capacidad de potabilización, la rehabilitación de redes, las fugas, el mantenimiento y la necesidad de transparentar los contratos y los resultados que se esperan de cada inversión.
La intervención de Sheinbaum cambia el escenario financiero: si la Federación aporta los recursos y se descarta el endeudamiento estatal, será necesario definir cómo se coordinarán las obras y qué proyecto se financiará con el monto anunciado.
Un anuncio que deberá traducirse en agua para las familias
El compromiso presidencial llega también cuando persisten reclamos por la falta de suministro en colonias de la ciudad. Para este miércoles se convocó a una protesta vecinal en la zona de calzada Independencia y avenida Fidel Velázquez, cerca del Estadio Jalisco, donde habitantes denunciaron llevar 18 días sin agua.
La movilización refleja que el problema no se resuelve únicamente con anunciar una inversión. Los habitantes necesitan conocer cuándo se normalizará el servicio, qué medidas inmediatas se aplicarán y cómo se garantizará la calidad del agua que reciben.
La revisión anunciada para este jueves deberá aclarar el alcance de las obras, el monto definitivo, las fuentes de financiamiento y el calendario de ejecución.
Después de semanas de protestas y confrontaciones, la promesa federal representa un paso relevante para destrabar la discusión financiera. Pero la prueba decisiva será que los recursos se conviertan en infraestructura funcional, agua de calidad y un servicio confiable para las familias de Guadalajara y su zona metropolitana.
