Los hombres son investigados por daños y resistencia de particulares tras los hechos del 18 de octubre; otra persona enfrentará su proceso en libertad.
Cinco hombres detenidos tras los disturbios registrados el domingo 18 de octubre en el Centro de Guadalajara fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, donde quedaron a disposición de un juzgado para que se determine su situación jurídica. La Fiscalía de Jalisco los investiga por su presunta participación en daños a bienes y resistencia de particulares.
El traslado se realizó la tarde del martes 20 de octubre, desde las instalaciones de la Fiscalía estatal. Los detenidos son Cristopher Antonio “N”, Giovanny Rubén “N”, Héctor Dante “N”, Pablo Emanuel “N” y Raúl “N”, de acuerdo con información difundida por la dependencia y reportada por medios locales.
Según la versión de la Fiscalía, los cinco hombres fueron detenidos cuando viajaban en una camioneta cerca de la calzada Independencia y la avenida República, en un operativo en el que participaron policías de Guadalajara y del Estado, con apoyo del sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco.
La dependencia los señala por su presunta participación en el incendio de uno de los pórticos del edificio del Poder Judicial. Sin embargo, al momento del traslado, las acusaciones debían ser examinadas por un juez y no constituían una sentencia condenatoria.
La Fiscalía informó que las investigaciones están a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social. En la audiencia correspondiente se determinaría si existen elementos para vincular a proceso a los cinco hombres.
En un caso distinto, una sexta persona detenida el mismo domingo enfrentará su proceso en libertad mientras se le investiga por el presunto delito de lesiones dolosas, con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según la información oficial.
Los nuevos arrestos ocurrieron durante la segunda movilización convocada para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara y para denunciar las detenciones y el uso de la fuerza policial registrados en la protesta del 11 de octubre.
La manifestación del 18 de octubre se vio interrumpida por actos violentos y daños en edificios públicos del Centro de Guadalajara. La cobertura de El País documentó que personas encapuchadas causaron destrozos en el Congreso estatal y el Palacio de Justicia, en una jornada que comenzó con demandas ciudadanas relacionadas con el agua y las actuaciones policiales.
La investigación de estos hechos se desarrolla en un contexto de cuestionamientos a la actuación de los cuerpos de seguridad durante la primera protesta. El 11 de octubre, 39 personas fueron detenidas en los incidentes ocurridos frente a Casa Jalisco. En los días posteriores, familiares, defensores y organizaciones civiles denunciaron presuntas irregularidades en algunas detenciones y reclamaron garantías para el ejercicio del derecho a manifestarse.
El caso de aquellos arrestos tuvo avances judiciales el 16 de octubre, cuando cuatro hombres fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, aunque se les permitió continuar el procedimiento en libertad con medidas cautelares. La resolución fue cuestionada por integrantes de la defensa, quienes señalaron presuntas irregularidades en el proceso.
En paralelo, la actuación policial también quedó bajo escrutinio. El País informó que el Gobierno de Jalisco abrió investigaciones contra 17 policías por el uso de la fuerza durante la manifestación del 11 de octubre, mientras que organismos de derechos humanos comenzaron a revisar los hechos.
La distinción entre ambos episodios es importante: los cinco hombres trasladados el 20 de octubre están relacionados, según la Fiscalía, con los disturbios del día 18 y con daños en un inmueble del Poder Judicial; los procedimientos contra los manifestantes detenidos el 11 de octubre corresponden a hechos y expedientes distintos.
Mientras avanzan las investigaciones, quedan pendientes la resolución judicial sobre la situación de los cinco detenidos más recientes y el esclarecimiento integral de los hechos ocurridos durante las dos movilizaciones. El desarrollo de ambos casos será relevante para establecer responsabilidades individuales y garantizar que las investigaciones respeten el debido proceso, sin perder de vista las demandas ciudadanas que dieron origen a las protestas por la calidad del agua.
