La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas ya tiene fecha y reglas generales para todo México. Después de la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la que participaron las autoridades educativas de las 32 entidades, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este martes 22 de septiembre el acuerdo que establece nuevas condiciones para el uso de dispositivos digitales en los planteles.
El Acuerdo número 09/09/26 entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y plantea una diferencia importante entre los niveles educativos. Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringe el uso de celulares, dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales durante toda la jornada escolar. La excepción será cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación docente, o cuando se trate de una emergencia, una necesidad de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión u otra circunstancia extraordinaria.
Esto significa que, en educación básica, la discusión ya no estará centrada únicamente en si un estudiante puede llevar un teléfono a la escuela, sino en cuándo y bajo qué circunstancias podrá utilizarlo. El propio acuerdo contempla que los menores puedan portar un dispositivo, pero establece que durante la jornada escolar deberá permanecer guardado, salvo las excepciones previstas.
Para las familias de Jalisco, este punto resulta especialmente importante. El secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, ha señalado que la entidad ya cuenta con avances en la regulación de dispositivos electrónicos y que Jalisco se encuentra preparado para aplicar las nuevas disposiciones. De acuerdo con el funcionario, los estudiantes podrán llevar el teléfono si sus madres o padres consideran necesario que lo tengan por razones de seguridad o comunicación, pero no podrán utilizarlo dentro de la escuela durante la jornada escolar, incluidos los recreos.
La postura de Jalisco coincide así con el sentido del acuerdo nacional, aunque la entidad tendrá que ajustar y precisar sus protocolos. El acuerdo federal establece que las autoridades educativas estatales deberán adoptar las medidas necesarias para aplicarlo y tendrán 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes.
En otras palabras, para madres y padres de familia no se trata necesariamente de comprar un teléfono nuevo, retirarlo de manera definitiva o impedir que sus hijos lo lleven al plantel. El cambio principal será establecer claramente que, en educación básica, el celular no deberá utilizarse durante la jornada escolar, salvo las situaciones contempladas por la propia norma.
La medida tampoco significa que la tecnología desaparezca de las aulas. El acuerdo distingue entre los dispositivos personales y las herramientas tecnológicas utilizadas con una finalidad educativa. Si un docente programa una actividad en la que sea necesario utilizar un dispositivo, podrá hacerlo bajo su orientación. La intención es que la tecnología tenga un propósito pedagógico y no se convierta en una distracción permanente.
Este aspecto también es relevante para Jalisco, donde la Secretaría de Educación ha mantenido programas para incorporar tecnología al proceso de enseñanza. Apenas en septiembre, por ejemplo, fueron entregadas pantallas inteligentes a escuelas primarias de San Juan de los Lagos como parte de una estrategia para fortalecer la cultura digital y enriquecer los procesos de aprendizaje.
La diferencia, por tanto, estará entre utilizar tecnología como herramienta para aprender y utilizar un teléfono personal para redes sociales, entretenimiento, mensajes o actividades ajenas a la clase.
¿Por qué se tomó esta decisión? La SEP realizó en agosto una consulta nacional en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas. Entre los resultados, 79.7 por ciento reportó dificultades de los estudiantes para mantener la atención; 70.8 por ciento señaló cansancio o somnolencia durante la jornada escolar y 38 por ciento identificó interrupciones de las actividades escolares.
La consulta también encontró que 38.7 por ciento de los participantes había identificado conflictos que comenzaron en redes sociales u otros espacios digitales y posteriormente llegaron a la escuela; 33.2 por ciento reportó fotografías, audios o videos tomados o difundidos sin consentimiento, y 29 por ciento identificó situaciones de ciberacoso o agresiones mediante medios digitales.
La propia consulta mostró que 88.8 por ciento de las figuras educativas respaldó limitar el acceso a los dispositivos durante la jornada escolar, mientras que 56.3 por ciento estuvo de acuerdo con un acceso nulo. La SEP señala que estos resultados fueron parte de los elementos utilizados para construir el acuerdo nacional.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Conaedu, celebrada el 18 de septiembre. Antes de llegar a esa decisión hubo una primera propuesta presentada en agosto, observaciones de las autoridades estatales y aportaciones de organismos como la UNESCO y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
En Jalisco, el cambio también se relaciona con una discusión que ya estaba en marcha. El Congreso estatal impulsó durante este año medidas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, mientras que autoridades educativas y otros sectores han planteado la necesidad de establecer límites al uso de pantallas y redes sociales.
Para los estudiantes de primaria y secundaria, uno de los cambios más visibles será el recreo. El acuerdo nacional contempla que el teléfono tampoco se utilice durante ese periodo, con la intención de recuperar espacios de convivencia, juego y actividad física. El decálogo de educación básica incluido en el documento plantea que el recreo sea un momento para convivir y realizar actividades sin recurrir a celulares o juegos digitales.
También cambia la responsabilidad de las familias. La comunicación entre padres e hijos tendrá que considerar los mecanismos que cada escuela establezca para casos de emergencia. El propio acuerdo plantea que, si un estudiante necesita ayuda durante la jornada, deberá acudir con sus maestros para que ellos se comuniquen con su familia, mientras que las escuelas deberán establecer medios de comunicación para atender situaciones extraordinarias.
En educación media superior la situación será diferente. No habrá una prohibición nacional uniforme como en primaria y secundaria. Cada institución deberá construir sus propias reglas mediante consulta, diálogo y acuerdos con su comunidad educativa. Podrá establecer espacios de resguardo, horarios específicos, zonas autorizadas, uso programado o incluso limitar completamente el uso durante la jornada. En educación superior se respetará la autonomía de cada institución.
Para las familias jaliscienses, el siguiente paso será conocer las reglas específicas que adopte cada plantel. La disposición nacional ya establece el marco general, pero serán las autoridades educativas y las comunidades escolares las que deberán convertirlo en protocolos claros: dónde se guardarán los teléfonos, qué ocurrirá ante una emergencia, cómo se permitirá su utilización con fines educativos y cómo se atenderán las excepciones por salud, discapacidad o inclusión.
La fecha que deberán tener presente estudiantes, madres y padres de familia es el 3 de noviembre de 2026. Ese día entrará en vigor el acuerdo nacional y comenzará una nueva etapa en la relación entre escuelas, estudiantes y teléfonos celulares. En Jalisco, buena parte de la tarea será ajustar lo que ya existe para que las reglas sean claras y puedan aplicarse sin convertir la tecnología en un enemigo, sino en una herramienta que tenga un propósito definido dentro y fuera del aula.
