Terry Cole afirmó que autoridades de alto nivel han sido identificadas por sus presuntos vínculos con grupos criminales; México y EU mantienen cooperación en seguridad.
Las acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico volvieron al centro de la relación entre México y Estados Unidos. Esta vez, el señalamiento provino directamente de Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien afirmó que existen funcionarios de alto nivel en México que trabajan directamente con grupos criminales, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La declaración fue realizada en una entrevista con la periodista Ilia Calderón, de N+ y Univisión, en el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Buenos Aires. Cole sostuvo que autoridades estadounidenses ya habían advertido a funcionarios mexicanos que presuntamente colaboran con el CJNG.
El señalamiento debe entenderse dentro de una ofensiva que Estados Unidos ha intensificado contra el CJNG durante 2026. El Departamento de Justicia estadounidense anunció el pasado 5 de agosto nuevos cargos contra cinco presuntos integrantes de alto nivel de la organización y ofreció, junto con el Departamento de Estado, más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita capturar o condenar a ocho fugitivos relacionados con el grupo.
En ese anuncio, Cole aseguró que la DEA está enfocada no solamente en los líderes del CJNG, sino también en sus integrantes, facilitadores y presuntos colaboradores corruptos. La estrategia estadounidense busca atacar tanto las estructuras de mando como las redes financieras y logísticas que permiten al grupo mantener sus operaciones.
Pero las declaraciones más recientes introducen un elemento político particularmente delicado: la acusación de que parte de esa estructura criminal tendría vínculos con funcionarios públicos mexicanos.
Cole no presentó públicamente una lista de nombres de funcionarios vinculados con el CJNG. Tampoco significa que todas las personas a las que se refirió hayan sido acusadas formalmente ante un tribunal. Por ello, los señalamientos deben entenderse como acusaciones de una autoridad estadounidense y no como pruebas de culpabilidad ni como sentencias judiciales.
El director de la DEA hizo además una distinción importante al hablar de la relación bilateral. Mientras cuestionó la presunta corrupción de funcionarios mexicanos, destacó que mantiene comunicación diaria con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
Según Cole, ambos gobiernos intercambian información e inteligencia sobre organizaciones criminales y Estados Unidos también brinda apoyo a operaciones que se desarrollan en territorio mexicano.
Esta aparente contradicción —señalamientos severos contra algunos funcionarios y, al mismo tiempo, reconocimiento de una cooperación estrecha con las instituciones de seguridad mexicanas— ayuda a entender el momento actual de la relación entre ambos países.
Estados Unidos considera al CJNG y al Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras, una designación que ha servido de base para ampliar las herramientas legales y financieras contra sus integrantes y redes de apoyo.
En el caso del CJNG, Washington ha incrementado considerablemente la presión durante este año. La organización fue colocada en el centro de una estrategia que incluye acusaciones penales, recompensas, decomisos y persecución de sus redes financieras.
La ofensiva también ocurre meses después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y principal líder histórico del CJNG, durante un operativo realizado en Jalisco. Posteriormente, las autoridades mexicanas han intensificado la búsqueda de otros integrantes de la organización y Estados Unidos ha identificado a Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Pelón”, como uno de sus principales objetivos.
Para Jalisco, el tema tiene una relevancia particular. El CJNG nació y consolidó buena parte de su estructura en el Estado, y durante años ha extendido su presencia hacia otras Entidades del País y hacia mercados internacionales.
La preocupación de las autoridades estadounidenses no se limita al tráfico de drogas. El Departamento de Justicia también ha relacionado al grupo con lavado de dinero, extorsión, tráfico de armas y otros delitos. En uno de los casos recientes, por ejemplo, Estados Unidos acusó a operadores vinculados con el CJNG de utilizar esquemas de fraude de tiempos compartidos para obtener recursos y financiar las actividades de la organización.
La dimensión de las acusaciones contra funcionarios mexicanos también puede observarse en otro expediente reciente, aunque corresponde al Cártel de Sinaloa y no al CJNG.
En abril, fiscales estadounidenses hicieron públicas acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios de esa Entidad por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. Rocha Moya ha negado las acusaciones y el caso permanece en disputa. Cole hizo referencia precisamente a ese expediente cuando explicó que, según la acusación estadounidense, existen indicios de corrupción gubernamental y colaboración entre funcionarios y organizaciones criminales.
Es importante no mezclar ambos casos. El expediente contra funcionarios de Sinaloa se refiere al Cártel de Sinaloa; las declaraciones recientes de Cole advierten además que la DEA ha identificado a funcionarios que, según sus investigaciones, actualmente colaborarían con el CJNG. Hasta ahora, Estados Unidos no ha hecho pública una lista equivalente de funcionarios mexicanos acusados formalmente por proteger al grupo jalisciense.
El tema tiene implicaciones que van más allá de la seguridad.
Si las acusaciones estadounidenses se convierten en investigaciones judiciales con nombres, pruebas y procesos formales, podrían generar consecuencias políticas y diplomáticas para México. También podrían afectar la cooperación entre ambos países y abrir nuevamente el debate sobre hasta dónde puede llegar la intervención estadounidense en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales que operan desde territorio mexicano.
Por ahora, Cole insiste en que la vía principal es la cooperación. Su mensaje público combina una advertencia dirigida a quienes, según la DEA, protegen a los cárteles con el reconocimiento de que existen canales de comunicación constantes entre las agencias de seguridad de ambos países.
Para los lectores de Minerva Multimedios, el dato más importante es que no existe, hasta el momento, una lista pública de funcionarios mexicanos que hayan sido acusados formalmente por Estados Unidos de proteger al CJNG. Lo que sí existe es una declaración explícita del director de la DEA sobre investigaciones en curso y una advertencia de que quienes presuntamente colaboren con el grupo criminal están entre los objetivos de la agencia.
La situación merece seguimiento porque el CJNG continúa siendo uno de los principales objetivos de seguridad de Estados Unidos y porque Jalisco ocupa un lugar central en la historia y operación de esta organización.
Mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen canales de cooperación, la pregunta que queda abierta es qué evidencias presentará Washington para respaldar sus señalamientos contra funcionarios mexicanos y si alguno de esos casos llegará a convertirse en una acusación judicial formal.
Por ahora, la DEA lanzó la advertencia; corresponde a las investigaciones determinar quiénes, en su caso, están detrás de esos presuntos vínculos y cuáles son las pruebas que los sustentan.
