Tres inspectores municipales de Guadalajara fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un caso de extorsión en grado de tentativa contra la encargada de un negocio ubicado en la colonia Morelos, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Los imputados, identificados como Jaime Arturo “N”, Luis Humberto “N” y Josué Alejandro “N”, permanecerán en prisión preventiva justificada durante seis meses mientras continúan las investigaciones del caso.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los tres funcionarios fueron detenidos el pasado 28 de mayo cuando presuntamente intentaban recibir un pago solicitado a los responsables de un establecimiento comercial.
Las indagatorias señalan que los inspectores habrían acudido previamente al negocio para informar sobre supuestas irregularidades relacionadas con documentación necesaria para su operación. Bajo ese argumento, presuntamente exigieron la entrega de seis mil pesos para evitar sanciones administrativas o trámites adicionales.
Según la información presentada por la Fiscalía, el día acordado para la entrega del dinero los servidores públicos fueron detenidos por autoridades municipales y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Visitaduría.
Tras integrar los datos de prueba recabados durante la investigación inicial, la representación social presentó el caso ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a los tres hombres por el delito de extorsión en grado de tentativa.
Además de ordenar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por seis meses, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuarán recabando elementos para fortalecer o descartar las acusaciones.
La Fiscalía del Estado destacó que las investigaciones continúan en curso y recordó que las personas imputadas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
El caso ha generado atención debido a que involucra a servidores públicos encargados de labores de inspección municipal, una función que implica contacto directo con comerciantes y establecimientos de la ciudad.
Las autoridades señalaron que seguirán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
