LA OPINIÓN DEL DIRECTOR
La mayoría de los ciudadanos respetuosos de la ley, observamos con desesperanza los constantes acontecimientos ilícitos que suceden a lo largo y ancho del territorio nacional.
Pareciera que no existen las autoridades o que estas tienen un tiempo de ausentarse de sus responsabilidades, es decir la confianza en los gobiernos de los tres niveles (El nacional, los estatales y los municipales) se está desvaneciendo a una velocidad impresionante.
Lo mismo sucede con los representantes de los tres diferentes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Esta crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales, se puede tornar más grave de lo que muchos analistas políticos visualizan, por eso es importante atender de inmediato esta percepción de la sociedad civil.
Una parte relevante de la preocupación de las personas es la inseguridad pública, esta se sustenta con casos como los difundidos asesinatos de periodistas y funcionarios de gobierno, además de la ejecución exponencial de otro tipo de delitos, pero lo peor aún, es que los mexicanos vemos que no hay una reacción eficiente y oportuna de nuestro régimen institucional.
La evidencia más precisa es que del año 2005 a la fecha han asesinado a 56 presidentes municipales, electos y otros en el pleno desarrollo de sus funciones, 69 ex-alcaldes, 5 suplentes, además de ex-gobernadores y diputados.
Por esta razón es comprensible que la población vea con intranquilidad, que nuestras autoridades manifiesten su incapacidad para prevenir más homicidios de funcionarios tan importantes para las distintas comunidades como lo son sus ediles, ya que ellos son los responsables en primer plano de proporcionar los servicios básicos, generar orden y desarrollo en cada uno de los municipios.
Tampoco los han podido proteger con eficiencia, porque una vez que han sido amenazados por el crimen organizado, aunque soliciten apoyo para su seguridad personal, todo parece indicar que los otros niveles de gobierno los dejan solos y a merced de estos grupos delictivos.
La impresión real que se tiene es que se realizan pocas investigaciones de estos homicidios, que las que se efectúan son lentas, ineficientes y con resultados que dejan más dudas que respuestas claras o contundentes, generando con esto una sensación de impunidad.
Tampoco hay el seguimiento adecuado para que los responsables de estos lamentables sucesos sean castigados con la severidad que indican las leyes vigentes.
Así mismo se carece de un protocolo para informar a la sociedad de los resultados de las investigaciones y los castigos o las consecuencias que tienen los participantes en estos delitos de alto impacto social.
¿Hasta cuando se harán los esfuerzos necesarios y eficaces, para evitar más muertes de alcaldes en nuestro país?, las autoridades federales y estatales no deben olvidar que los asesinados fueron funcionarios elegidos legítimamente por la misma sociedad que los eligió a ellos, es urgente darle prioridad a este tema si realmente existe la convicción de fortalecer el estado de derecho en nuestro país.
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