¿Y LA INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL CRIMEN?
Durante los últimos días se ha desatado una polémica por la aplicación de la ley de movilidad que exige a los motociclistas que porten un chaleco con las placas de la unidad que conduzcan en el Estado de Jalisco.
Ante la incapacidad de las corporaciones policiales preventivas y de los policías investigadores para identificar, localizar y poner a disposición de los agentes del ministerio público a los delincuentes, se utiliza como siempre, una rigurosa reglamentación que termina por fastidiar injustamente a los ciudadanos honestos, además del irracional exceso de requisitos para poder hacer uso de su derecho constitucional a transitar libremente por todo el territorio de la República Mexicana.
Pareciera que los funcionarios de seguridad pública no distinguen entre ciudadanos y delincuentes, es decir les cuesta trabajo entender que la mayoría de ciudadanos que se transportan en una motocicleta no se dedican a delinquir.
Tampoco les queda claro a nuestras autoridades que los individuos honestos casi siempre cumplen con la ley o las reglas de urbanidad, y que los bandoleros por el contrario, casi nuca respetan ni las viejas ni las nuevas normas legales.
En esta ocasión tuvo que pronunciarse la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en defensa de los motociclistas, para que se detuvieran los operativos de la policía vial que estaban infraccionando a los que no cumplían con esta norma.
Pero este fragmento de la ley de movilidad que regula las motocicletas, no es la única política que las autoridades de seguridad pública han promovido o implementado, hubo varias antes, desde los retenes para la despistolización de la población civil, las volantas con revisiones a las unidades de transporte, la prohibición de circular en automóviles con los cristales polarizados, todos siempre en perjuicio de la mayoría de las personas que no tienen nada que ver con los sujetos que se dedican a victimizar a una apaleada sociedad.
Lo más increíble es que en la zona metropolitana de Guadalajara y demás municipios conurbados, la mayoría de sus habitantes conoce las zonas de riesgo, como por ejemplo; donde se ejerce la prostitución, donde venden estupefacientes, donde adquirir autopartes de dudosa procedencia o incluso donde se empeñan artículos robados como alhajas y otros bienes muebles……¿porque a los policías se les dificulta tanto enterarse de lo que la mayoría de tapatíos sabe? y ¿por qué se hace tan poco en los lugares que se tienen identificados como de altos índices delictivos?
Como es posible que con todo el presupuesto que se le asigna a las diferentes corporaciones policiales e instituciones de procuración e impartición de justicia, no se haya podido identificar, detener y castigar a los miembros de una banda como los moto-ladrones en Jalisco.
Los funcionarios y miembros de estas instituciones son muchísimos más que este grupo anti-social y los recursos públicos que se les otorgan son inmensamente mayores que lo que pueden tener los ladrones para resistir el embate en su contra, esto; si realmente nuestras autoridades tuvieran la voluntad de erradicarlos.
Si bien es cierto que los jaliscienses debemos de respaldar a nuestros funcionarios de gobierno, por otra parte también debemos de exigir que se comprometan con la sociedad, para que con auténtica voluntad, constancia e inteligencia combatan al crimen en general y dejen de pasarle la factura de las molestias a los ciudadanos que en su mayoría son las mismas víctimas de varias plagas sociales.
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