Con el propósito de reducir el tiempo que niñas y niños permanecen en albergues y acelerar los procesos jurídicos que determinan su situación familiar, el Gobierno de Jalisco inició esta semana una capacitación dirigida a personal de más de 70 dependencias estatales.
La formación es impulsada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y se desarrolla a través de dos diplomados: “El Nuevo Paradigma del Derecho Procesal Civil y Familiar” y “Justicia Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes”. Ambos programas buscan fortalecer la coordinación institucional, unificar criterios y mejorar la atención jurídica en casos que impactan directamente en la vida de la infancia.
Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, explicó que la capacitación incluye análisis de casos reales y revisión de criterios en derechos humanos, con el objetivo de evitar retrasos que prolonguen la institucionalización de niñas y niños.
Unificar criterios para evitar retrasos
De acuerdo con la funcionaria, muchas de las resoluciones que determinan el futuro de niñas y niños dependen de la claridad y oportunidad con que actúan las autoridades.
Advirtió que cuando los procesos se retrasan, las consecuencias recaen directamente en la niñez, por lo que consideró fundamental que las áreas jurídicas trabajen con criterios homologados, coordinación efectiva y sentido de urgencia.
Uno de los principales retos identificados es la disparidad de criterios entre dependencias, lo que puede generar demoras en la toma de decisiones. La capacitación pretende ofrecer herramientas jurídicas actualizadas que permitan agilizar resoluciones y reducir el tiempo que niñas y niños permanecen en instituciones.
Acceso efectivo a derechos fundamentales
El programa está orientado a garantizar el acceso a derechos como identidad, salud, educación, protección y condiciones de vida adecuadas. La meta es que las decisiones legales se traduzcan en restituciones oportunas y en la posibilidad de que cada niña y niño pueda vivir en familia.
Anaya Zúñiga subrayó que la protección de la infancia no debe limitarse a la asistencia, sino que requiere actuaciones jurídicas sólidas que permitan resolver cada caso con prontitud.
“No se trata solo de resguardar, sino de resolver”, expresó, al enfatizar que cada expediente exige actuaciones firmes y bien fundamentadas para facilitar el retorno al entorno familiar en el menor tiempo posible.
Formación con respaldo académico
La primera sesión contó con la participación académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que aporta respaldo especializado al contenido de los diplomados.
En total, ambos programas tendrán una duración de 53 horas distribuidas en 13 sesiones presenciales que se realizarán en Palacio de Gobierno del Estado.
Esta estructura busca ofrecer no solo teoría jurídica, sino también análisis práctico y discusión de experiencias, para que el personal pueda aplicar los conocimientos en su labor cotidiana.
Coordinación interinstitucional
En el arranque de la capacitación participó Sistema DIF Jalisco. Su presidenta, Maye Villa de Lemus, destacó que la protección de la niñez requiere trabajo conjunto entre instituciones y personal preparado para actuar con sensibilidad y responsabilidad.
Señaló que detrás de cada caso existen historias que demandan respeto y esperanza, y que el fortalecimiento de capacidades jurídicas contribuye a ofrecer respuestas más ágiles y humanas.
Por su parte, Diana Vargas Salomón, directora del organismo, indicó que esta formación permitirá mejorar el seguimiento de los casos, optimizar la coordinación interinstitucional y acelerar los procesos de restitución de derechos.
Impacto esperado
La Consejería Jurídica destacó que la reducción de estancias prolongadas en albergues depende de decisiones oportunas y bien fundamentadas. Al contar con personal capacitado y criterios unificados, se espera que los procesos se resuelvan con mayor eficiencia.
Con esta estrategia, el Gobierno estatal busca consolidar un modelo de atención jurídica que priorice el interés superior de la niñez y garantice que cada niña y niño tenga acceso efectivo a sus derechos.
El enfoque, señalaron las autoridades, apunta a fortalecer la estructura institucional para que las resoluciones legales respondan con rapidez y claridad, evitando que la falta de coordinación retrase el restablecimiento de entornos familiares seguros.
