Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, permanece bajo custodia federal en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, donde pasó su primera noche en prisión tras ser detenido por su presunta participación en actos de extorsión y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención del alcalde, militante de Morena, se llevó a cabo durante la madrugada del jueves 5 de febrero de 2026, como parte de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el registro oficial, la aprehensión ocurrió a las 6:52 horas y su ingreso al penal federal se realizó alrededor de las 15:30 horas, aunque la confirmación oficial se dio hasta la noche del mismo día.
La captura de Rivera Navarro forma parte de la denominada Operación Enjambre, una estrategia federal puesta en marcha en noviembre de 2024 para desarticular redes de corrupción, extorsión y presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención del presidente municipal junto con otros tres funcionarios del Ayuntamiento de Tequila: Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas. Todos enfrentan acusaciones relacionadas con la extorsión sistemática a empresarios y comerciantes del municipio.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público Federal, los funcionarios presuntamente exigían pagos millonarios a empresas para evitar clausuras, multas o retrasos administrativos. Entre los sectores afectados se encuentran empresas tequileras, cerveceras y del ramo hotelero, considerados pilares económicos de la región.
Uno de los casos más relevantes señalados por las autoridades es el intento de extorsión a la empresa José Cuervo, a la que presuntamente se le exigieron hasta 40 millones de pesos a cambio de no imponer obstáculos administrativos. En diciembre de 2025, esta empresa también denunció un cobro excesivo de impuesto predial y una multa superior a los 60 millones de pesos, lo que encendió alertas a nivel estatal y federal.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que al menos diez empresas más, entre hoteles y casas tequileras, presentaron denuncias por prácticas similares atribuidas al ayuntamiento encabezado por Rivera Navarro. Según las autoridades estatales, estos señalamientos fueron clave para fortalecer las investigaciones que derivaron en el operativo federal.
Como parte de la acción judicial, se realizaron cinco cateos simultáneos en distintos inmuebles del estado de Jalisco. La FGR sostiene que el alcalde no actuaba de manera aislada, sino que presuntamente encabezaba una estructura criminal incrustada en la administración municipal, con funciones claramente delimitadas entre los funcionarios detenidos.
Un historial marcado por polémicas
Diego Rivera Navarro se convirtió en el primer alcalde emanado de Morena en el municipio de Tequila, luego de años de alternancia entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asumió el cargo en octubre de 2024 bajo la coalición Juntos Haremos Historia, integrada también por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Desde el inicio de su gestión, su administración estuvo rodeada de controversias. En octubre de 2024, ordenó el cierre del Museo Nacional del Tequila para uso personal, sin contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que generó críticas de sectores culturales y empresariales.
A lo largo de su gestión, se acumularon denuncias por uso indebido de instalaciones públicas, acoso político y cobro ilegal de cuotas a empresas locales. También se documentaron despidos injustificados de al menos 250 personas, así como la imposición del uso de uniformes partidistas de Morena al interior del ayuntamiento.
En diciembre de 2025, regidoras de los partidos PRI y Morena denunciaron al alcalde por acoso político y violencia de género no sexual, lo que derivó en procedimientos administrativos y pronunciamientos públicos en el cabildo municipal.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si Rivera Navarro será presentado ante un juez de control en las próximas horas, aunque se prevé que enfrente cargos por delincuencia organizada y extorsión, delitos considerados graves y que ameritan prisión preventiva oficiosa.
