La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara, acompañada por diversas organizaciones civiles, se manifestó este martes frente a Casa Jalisco para expresar su rechazo al aumento en la tarifa del transporte público anunciado por el Gobierno del Estado, que plantea un cobro de 14 pesos por viaje.
Durante la movilización, las y los manifestantes entregaron —y posteriormente colocaron en la puerta del inmueble— un pliego petitorio con once demandas, en el que solicitan claridad, transparencia y rendición de cuentas sobre la determinación del incremento tarifario, así como medidas para mitigar su impacto en la economía de las familias jaliscienses.
La presidenta de la FEU, Fernanda Citlali Romero Delgado, señaló que una de las principales preocupaciones radica en la falta de información sobre el esquema de tarifas diferenciadas anunciado por el Ejecutivo estatal, particularmente el cobro de 11 pesos mediante la tarjeta única promovida por las autoridades.
“Una de las exigencias centrales es la falta de claridad sobre quiénes serán las personas beneficiadas con la tarifa de 11 pesos, bajo qué criterios se aplicará y a qué sectores alcanzará”, expuso la dirigente estudiantil durante la lectura del documento.
El pliego petitorio también solicita que se hagan públicas las actas, votaciones y la metodología técnica empleadas por el Comité Técnico Tarifario para justificar el aumento, así como la realización de un estudio independiente que evalúe el impacto del incremento en el gasto de los hogares y la calidad del servicio de transporte.
De acuerdo con las y los manifestantes, la discusión tarifaria no puede limitarse al costo del pasaje, sino que debe incluir aspectos como el estado de las unidades, la frecuencia de paso, el trato a los usuarios y las condiciones laborales de los operadores, factores que inciden directamente en la experiencia diaria de movilidad.
Tras leer el documento frente a Casa Jalisco, integrantes de la FEU y de los colectivos participantes intentaron entregar formalmente el pliego al gobernador Pablo Lemus Navarro. Sin embargo, al no ser atendidos por personal de la Oficialía de Partes, decidieron colocar el escrito en la puerta del edificio, junto con carteles con la consigna “¡No al tarifazo!”.
Las demandas de la FEU fueron respaldadas por organizaciones como el Colectivo Pasos Blancos, el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, el Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco A.C., Impulso Trans A.C. y la Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño Urbano, Urbanismo y Planeación, entre otras.
Entre los puntos más relevantes del pliego petitorio se encuentra la exigencia de una definición jurídica clara sobre el aumento a 14 pesos, para determinar si se trata de una tarifa general o condicionada, así como conocer las reglas de operación de la denominada “Tarjeta Única Yo Jalisco”.
También se solicita la publicación íntegra de la información técnica que sustentó el incremento, incluyendo costos de operación, insumos y demanda, así como una explicación documentada de por qué se abandonó el esquema de aumentos graduales anuales para optar por un solo incremento durante el periodo gubernamental.
Otro de los señalamientos se refiere al subsidio anunciado de 3.5 pesos mediante la tarjeta única. Las organizaciones piden conocer de qué partida presupuestal saldrán los mil 200 millones de pesos necesarios, considerando que, de acuerdo con el presupuesto original, solo se autorizaron 900 millones, y qué programas públicos podrían verse afectados por este ajuste.
El documento también plantea la necesidad de definir con precisión quiénes accederán a las tarifas preferenciales, cuántos viajes estarán subsidiados, cómo funcionarán los transbordos y qué soluciones se implementarán ante problemas operativos como las alcancías que no entregan cambio.
Asimismo, se solicita que el acceso a beneficios tarifarios no dependa de trámites complejos ni de tecnologías excluyentes, que puedan dejar fuera a personas adultas mayores, trabajadores informales o habitantes de zonas periféricas.
En materia de calidad del servicio, las y los firmantes exigen un estudio externo, ajeno al Imeplan, que evalúe el transporte convencional —excluyendo Tren Ligero y Macrobús— y que el aumento tarifario se vincule a mejoras laborales para los choferes, como salarios dignos, seguridad social y jornadas adecuadas.
El pliego incluye además la demanda de sanciones claras para las concesionarias que incumplan con frecuencias y contratos, con participación de la sociedad civil en la vigilancia, así como un calendario y presupuesto para lograr que el 100 por ciento de las unidades sean accesibles, con rampas, cama baja y paraderos dignos.
Finalmente, la FEU y las organizaciones firmantes plantean la reivindicación de la movilidad como un derecho humano, y no como un servicio administrado bajo una lógica de negocio que favorezca a las concesiones, al considerar que el transporte público es una condición básica de dignidad y acceso a otros derechos.
