En un contexto de transformación institucional, cuatro ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaron los desafíos y oportunidades que enfrenta el máximo tribunal del país en su nueva etapa, marcada por un modelo de selección democrática y por la exigencia social de mayor independencia y transparencia. El foro “La nueva Suprema Corte: justicia renovada para un México democrático”, realizado en el programa FIL Pensamiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), reunió a especialistas del Poder Judicial para reflexionar sobre el rumbo de la justicia constitucional en México.
El encuentro fue organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y contó con la participación de la Rectora General de esta casa de estudios, maestra Karla Planter Pérez. En su mensaje, la funcionaria resaltó la relevancia de abrir espacios de diálogo que permitan a la ciudadanía comprender el alcance de la reciente reforma judicial y los cambios que traerá para la impartición de justicia en el país. Subrayó que la Corte, al ser electa por primera vez mediante un proceso democrático, enfrenta un momento histórico que exige análisis, discusión y reflexión plural.
“Es la oportunidad, con un análisis y discusión productivo y beneficioso, para que los especialistas y el público puedan conocer los principios y propósitos de la reforma judicial que se perfila en esta nueva etapa”, declaró Planter Pérez, al destacar la necesidad de que la población participe y se mantenga informada sobre los cambios institucionales.
Durante el foro, la ministra Yasmín Esquivel Mossa habló sobre uno de los principales desafíos de la Corte renovada: construir legitimidad ante una sociedad que exige independencia judicial y decisiones guiadas por el derecho. Recordó que el nuevo modelo plantea la elección democrática de 881 jueces del Poder Judicial Federal, lo que implica mayor responsabilidad y un escrutinio más amplio hacia su desempeño. “Entre los nuevos retos de nuestra Suprema Corte está generar legitimación, confianza y estabilidad que sólo nos dan las resoluciones imparciales y autónomas, que no respondan a intereses políticos ni fácticos y con jurisprudencia impecable”, señaló.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que uno de los avances más significativos de la reforma ha sido acercar la Corte a la ciudadanía. Consideró que la distancia y formalidad del modelo anterior dificultaban la comunicación con la población y limitaban su comprensión sobre los procesos judiciales. “Era un obstáculo, porque no le hablaba ni hacía justicia a la gente. Hoy, después de un proceso inédito y esperanzador, la gente se involucró y no es tema de unos cuantos, sino un ámbito de la conversación pública y del ejercicio democrático”, sostuvo.
Ortiz Ahlf señaló que esta transformación no sólo es organizativa, sino conceptual, pues redefine la relación entre justicia, ciudadanía y democracia en México. A su juicio, este nuevo modelo debe caracterizarse por la calidad de sus sentencias, la cercanía con el público y una lógica permanente de diálogo.
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía abordó la independencia judicial como uno de los pilares de las democracias constitucionales modernas. Destacó que la sociedad espera que la Corte actúe con reglas claras y mantenga su función como contrapeso frente a los poderes públicos. “Preocupa a las personas un órgano que se preocupe por empresarios, trabajadores y la sociedad, donde todos queremos jueces independientes, pero también que tenga reglas claras y una relación con las personas para acotar el trabajo de las autoridades”, dijo. En su opinión, el reto no sólo está en garantizar la autonomía interna, sino en fortalecer la confianza ciudadana.
Finalmente, el ministro Irving Espinosa Betanzo reflexionó sobre la legitimidad de quienes juzgan y sobre la importancia de colocar a la ciudadanía en el centro de la función judicial. Aseguró que el nuevo modelo administrativo del Poder Judicial busca responder a los grandes problemas del país mediante decisiones basadas en el derecho, pero también en la escucha activa y en el reconocimiento de la ciudadanía como sujeto de la actividad pública. “Este es el cambio del modelo institucional administrativo propuesto para enfrentar los grandes problemas del país, tomando en cuenta la opinión de las personas”, afirmó.
Los participantes coincidieron en que la Corte enfrenta un momento definitorio, en el que deberá demostrar su independencia con hechos, fortalecer la calidad de sus resoluciones y consolidar un diálogo más claro y directo con la población. Señalaron que la legitimidad no sólo se construye con reformas, sino con resultados que garanticen justicia, certeza jurídica y respeto pleno al Estado de derecho.
