La marcha nacional convocada por el colectivo Generación Z reunió a alrededor de 20 mil personas en Guadalajara para exigir seguridad, mejores oportunidades y un alto a la violencia que afecta de manera particular a la juventud mexicana. La movilización, realizada en memoria del ex alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, avanzó de manera pacífica durante varias horas por las principales avenidas de la ciudad. Sin embargo, al concluir, se registraron disturbios en el Centro Histórico que derivaron en 47 personas detenidas, daños a edificios públicos y enfrentamientos con la Policía del Estado.
De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la manifestación tuvo acompañamiento institucional desde temprano. Las autoridades señalaron que, con el objetivo de respetar el derecho a la libre expresión, se decidió no colocar vallas ni barreras alrededor de Palacio de Gobierno ni en Casa Jalisco. Esto permitió que la movilización avanzara sin restricciones, sumando a estudiantes, colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que se integraron a lo largo del recorrido.
Los jóvenes, principalmente nacidos entre 1995 y 2013, marcharon portando sombreros de paja, playeras blancas y pancartas con mensajes que reflejaban su preocupación por la falta de oportunidades y la creciente violencia en el país. Para los organizadores, la juventud es uno de los sectores más vulnerables ante la inseguridad, pues enfrenta riesgos al trasladarse a la escuela, al centro de trabajo y en actividades cotidianas. Entre las consignas destacaron frases como “Carlos no murió, Morena lo mató” y “Claudia, escucha, el pueblo está en la lucha”. Aunque el movimiento se presentó como apartidista, diversas expresiones señalaron al Gobierno Federal y al partido en el poder por lo que los manifestantes consideran omisiones en materia de seguridad.
La marcha inició cerca de las 11:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos y avanzó por el corredor Chapultepec rumbo a Casa Jalisco. Más de 30 asociaciones civiles se sumaron a lo largo del trayecto, entre ellas familiares de personas desaparecidas, quienes llevaron fotografías y carteles de sus seres queridos. El contingente recorrió vialidades como avenida Vallarta, Minerva, López Mateos y Manuel Acuña, para finalmente llegar a la residencia oficial del gobernador, donde se entregó un pliego petitorio compuesto por 17 puntos.
Entre las solicitudes se incluyeron evaluaciones psicométricas y de ética obligatorias para servidores públicos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la propuesta de construir una nueva línea de tren ligero hacia la carretera a Chapala, en lugar del sistema Macrobús impulsado por el Gobierno estatal. De acuerdo con Jafet Sánchez, vocero de la marcha y estudiante de la Universidad de Guadalajara, las peticiones fueron construidas de manera colectiva a través de plataformas digitales que permitieron la participación ciudadana. Sánchez advirtió que, si las demandas no muestran avances antes del 30 de diciembre de 2025, se convocaría a una nueva manifestación, “esta vez de carácter violento”, según afirmó.
Disturbios en Palacio de Gobierno
Tras la concentración principal, un grupo reducido de manifestantes —algunos encapuchados y con el rostro cubierto— se separó del contingente y se dirigió hacia las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Testigos y autoridades reportaron que este grupo comenzó a lanzar piedras y realizar pintas en las paredes del edificio. También intentaron incendiar y derribar algunas de las puertas de acceso.
Como respuesta, elementos de la Policía del Estado se desplegaron en la zona, apoyados por la Policía de Guadalajara y la Policía Metropolitana. Según el comunicado oficial, los cuerpos de seguridad actuaron conforme a la ley y aplicaron los protocolos establecidos para contener agresiones y proteger la integridad de manifestantes pacíficos, transeúntes y comerciantes que se encontraban en el Centro Histórico.
Durante la intervención se utilizaron chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar al grupo que realizaba los daños. Los enfrentamientos se extendieron hacia la Plaza de Armas, la Plaza Liberación y los alrededores del Congreso del Estado. En estos puntos se reportaron cristales rotos, pintas en edificios patrimoniales y daños en accesos de estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero.
El Gobierno de Jalisco informó que a los presuntos responsables se les aseguraron botes con gasolina, thinner, bombas molotov, barras metálicas, petardos y bombas de gas lacrimógeno que, según la autoridad, no corresponden al tipo de gas utilizado por las corporaciones policiacas estatales. Uno de los detenidos portaba además un arma de fuego, la cual fue asegurada para integrarla a la investigación correspondiente.
En total, fueron detenidas 47 personas, entre ellas algunos provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán. Todas fueron trasladadas a la Fiscalía del Estado, proceso durante el cual estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para certificar que se respetaran sus garantías.
Balance oficial del operativo
El operativo de seguridad desplegado durante y después de la marcha estuvo conformado por 400 elementos de distintas corporaciones: Policía del Estado, Policía Metropolitana, Policía Vial y Policía de Guadalajara. De acuerdo con el informe preliminar, tres policías resultaron lesionados por golpes contundentes durante los enfrentamientos.
Los Servicios Médicos de Jalisco atendieron a 13 personas que presentaron lesiones leves o afectación por gas lacrimógeno. Solo tres de ellas requirieron traslado a un puesto de socorros, aunque ninguna se reportó con heridas graves.
La autoridad estatal señaló que la situación jurídica de cada una de las personas detenidas se informará de manera puntual y conforme avancen las diligencias. Además, reiteró su postura respecto al equilibrio entre garantizar la libre manifestación y preservar el orden público, especialmente en una zona con alta afluencia de visitantes y trabajadores como el Centro Histórico de Guadalajara.
En su comunicado, el Gobierno de Jalisco sostuvo que “reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la libre manifestación y la preservación de la paz pública”, y llamó a que las expresiones sociales se mantengan dentro del marco de la ley para evitar riesgos y garantizar la seguridad de todas las personas.
Impacto social tras la movilización
La marcha de la Generación Z y los hechos posteriores han generado diversas reacciones en la ciudad. Por un lado, colectivos y asociaciones valoraron la capacidad de convocatoria que tuvo la manifestación, especialmente entre jóvenes que no suelen participar en movilizaciones. Resaltaron que la protesta logró visibilizar la preocupación generalizada sobre la inseguridad y la falta de oportunidades laborales y educativas.
Por otro lado, comerciantes del Centro Histórico expresaron inquietud por los daños registrados, pues estos sucesos ocurrieron en una zona que depende de la actividad turística y del tránsito de peatones. Para algunos locatarios, el uso de objetos incendiarios y las agresiones contra edificios públicos representan un punto de inflexión sobre la seguridad en la zona.
Mientras tanto, analistas consultados coinciden en que el movimiento joven podría tener continuidad si mantiene su organización y capacidad de convocatoria. Sin embargo, advierten que los disturbios podrían generar división entre quienes apoyan la manifestación pacífica y quienes rechazan la violencia. También señalan que la respuesta institucional será clave para determinar si el pliego petitorio avanza hacia una negociación o queda sin seguimiento.
Por ahora, las autoridades continúan con la integración de carpetas de investigación para identificar responsabilidades y definir si los hechos constituyen delitos de daño al patrimonio, desorden público o portación de explosivos y armas.
El caso sigue abierto y se prevé que en los próximos días se informe el estatus legal de los detenidos, así como una estimación oficial de los daños ocasionados en edificios públicos.
