El Gobierno estatal, el Congreso local y UNICEF México presentaron dos iniciativas legislativas para tipificar y sancionar este delito, así como proteger a las víctimas.
En un hecho histórico de coordinación interinstitucional, el Gobierno de Jalisco, el Congreso del Estado y UNICEF México anunciaron la presentación de dos iniciativas legislativas para combatir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.
El paquete legislativo contempla, por un lado, la Iniciativa de Ley para Prevenir, Combatir y Erradicar el Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes; y por otro, la Iniciativa de Reforma al Código Penal del Estado, que busca tipificar este delito y otorgar a las autoridades herramientas legales para su investigación y sanción.
Una herida social que exige respuesta
Durante la presentación, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, subrayó la urgencia de atender esta problemática que daña profundamente al tejido social.
“En Jalisco sabemos que la violencia y el reclutamiento infantil por parte de grupos delictivos son heridas que lastiman no sólo a las familias, sino al tejido social entero. Por eso, toda acción que impulse la prevención, sanción y erradicación de esta práctica merece ser abrazada y fortalecida con decisión”, expresó.
Villa de Lemus destacó que el compromiso debe ser compartido por todos los sectores: municipios, sociedad civil organizada y autoridades estatales, con el fin de garantizar que cada niña y niño viva en paz, con oportunidades y esperanza.
Vacío legal y castigos más severos
Por su parte, la diputada Mónica Magaña Mendoza, impulsora de la iniciativa, explicó que este delito no está tipificado a nivel federal, lo que genera un vacío legal que favorece la impunidad.
“Desde Jalisco lo decimos: no podemos esperar a que la Federación muestre voluntad para actuar. Mientras no exista una ley federal, los criminales seguirán viendo a nuestras niñas y niños como mano de obra barata y desechable. Desde Jalisco no lo vamos a permitir”, enfatizó la legisladora.
La propuesta contempla penas que van de 15 a 30 años de prisión, y hasta 40 años cuando el delito sea cometido por servidores públicos. También se incluyen medidas de atención integral a las víctimas, como apoyo médico, psicológico, educativo y programas de reinserción social y familiar.
Asimismo, se plantea la creación de una comisión interinstitucional y un programa integral de prevención que articule los esfuerzos de las dependencias estatales y los 125 municipios de Jalisco.
Liderazgo nacional e impulso internacional
El senador Clemente Castañeda Hoeflich anunció que presentará una iniciativa similar en el Congreso de la Unión y llamó a todas las fuerzas políticas del país a respaldar este esfuerzo.
En tanto, Juan Pablo Rodríguez, especialista internacional en Protección Infantil de UNICEF México, reconoció el liderazgo del estado y reiteró el compromiso del organismo de acompañar las acciones orientadas a prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Un cambio de paradigma
Con estas iniciativas, Jalisco da un paso al frente al reconocer a las niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas, y no como responsables. El enfoque se centra en la prevención y en atender las causas estructurales que alimentan este fenómeno, desde la falta de oportunidades hasta la marginación social.
El esfuerzo conjunto del Gobierno estatal, el Congreso y UNICEF busca consolidar un marco legal sólido y humano, que permita a las autoridades sancionar a los responsables y, al mismo tiempo, garantizar la protección y recuperación de las infancias afectadas.
Con ello, Jalisco se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección a la infancia, enviando un mensaje claro: ningún menor de edad en el estado debe ser víctima del reclutamiento forzado.
