Por Víctor Manuel Chávez Ogazón
(Colaboración Especial)
Los diputados federales y los Senadores tienen muchas características similares: Ambos son representantes populares, fueron electos por tí, por mí, por todos, su principal función es legislar y reciben una remuneración por su labor conocida como “dieta” financiada con recursos públicos provenientes del presupuesto federal que se alimenta de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos. Es decir, en la teoría trabajan para nosotros.
Después de esta breve explicación, te pregunto: ¿Cuándo les diste la instrucción a ellos, a quienes les pagamos, para que pusieran entre sus prioridades regular las opiniones de todos los ciudadanos en redes sociales, en aplicaciones y sitios Web, y el resto de medios de comunicación, sin una orden judicial de por medio ni ningún tipo de límite definido?…..
Esto lo comento porque ellos ya se lo tomaron muy en serio. Y es que pareciera que es una tendencia oficial que implica no solo el pensamiento de legisladores impresentables que antes se envolvían en la bandera de la democracia y hoy aspiran a seguir los ejemplos de las dictaduras centroamericanas.
Casos actuales, hay muchos. Como el de un ama de casa de Sonora, Karla Estrella, que a principios del año anterior cuestionó en la aplicación “X” una imposición entre Morenistas: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. Eso le valió ser demandada por la hoy diputada federal del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, ante la autoridad electoral.
El caso, que parecía no tener futuro jurídico, escaló y rayó en lo absurdo pasando por el Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ante un empate a dos votos, se decidió por el voto de calidad de la presidenta Mónica Soto Fregoso condenar a Estrella al pago de una multa y una sanción digna de la Santa Inquisición como disculparse diariamente, por 30 días, por lo expresado….y ¿qué expresó?, ¿donde estuvo la ofensa o la violencia que se ejerció contra la política?….muchos abogados y juristas aún la siguen buscando en el texto ya mencionado.
Pero la duda mayor está en que hacen autoridades electorales sancionando a ciudadanos comúnes y corrientes, persiguiéndolos, multándolos e imponiéndoles sanciones retrogradas que cada vez se acercan más a los azotes del imperio Romano.
Continuamos con otro ejemplo. La gobernadora de Campeche Layda Sansores logró que “todo el peso de la ley” cayera sobre su principal crítico: El periódico “Tribuna” fundado por su propio padre el priista Carlos “El Negro” Sansores. Ordenó su cierre y -otra vez una inquisidora determinación- consiguió que un tribunal inhabilitara al ex director del medio Jorge Luis González Valdez, que ni siquiera ya estaba en funciones, para que durante dos años no ejerza el periodismo.
Artículo 5to. de la Constitución: Este artículo garantiza que ninguna persona puede ser impedida de dedicarse a la profesión, industria, comercio u oficio que le acomode, siempre que sea lícito. Sin embargo, señala que la ley determinará en cada Estado cuáles profesiones requieren título para su ejercicio, así como las condiciones necesarias para obtenerlo. Este precepto constitucional poco les importó.
Laisha Wilkins mejor conocida como la Reina de Dinamarca ha recibido una notificación del Tribunal Electoral sobre una denuncia que presentó en su contra la ex candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dora Martínez Valero que se autodenominó “Dora la transformadora”, todo por haberse referido a ella como Dora “la censuradora”.
La ex diputada federal presentó su queja ante el INE en la que acusó a los reportajes de ejercer “violencia política de género” contra ella, y exigió que se retiraran. Su petición abarcaba 14 de los 15 reportajes vinculados a Televisa Leaks.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha promovido una ley que censura expresiones en redes sociales que “insulten, ofendan, injurien o agredan reiteradamente a otra persona”.
La diputada morenista Teresa Guerra Ochoa presentó en Sinaloa una iniciativa para castigar penalmente publicaciones en redes sociales si “difaman”, “denigran” o “generan daño emocional” y aunque fue retirada debido a las críticas, quedó evidenciada la intención.
Jalisco no se ha quedado atrás. En Tequila la policía municipal detuvo a un camarógrafo que grababa el momento en que la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba una diligencia en el Museo del Tequila, ante la denuncia de que el alcalde Diego Rivera -sí, adivinó, de Morena- le hizo modificaciones al inmueble para convertirlo en su casa y oficina.
Por si fuera poco, el partido Movimiento Ciudadano ha revivido a personajes icónicos de la anterior administración que se caracterizaron más por presionar a medios de comunicación con pautas económicas y pedir a cambio los despidos de algunos periodistas. Justo a su llegada, cuando aseguraban que ya no sería igual, han evidenciado que vienen a hacer más de lo mismo, mantienen línea directa con directores, “marcan línea” a reporteros y están “operando” para que no cuestionen a sus jefes o mantrengan alejados a los periodistas considerados como “incómodos”.
Organizaciones como Artículo 19 y R3D advierten que la Ley de Telecomunicaciones no es más que una forma de censura previa, violando la Constitución y estándares internacionales
Movimiento Ciudadano argumentó que a la ley censura se le hicieron algunos cambios, suficientes para sumarse y votar a favor de la misma donde aún quedaron vestigios del artículo 56 que permite al Estado revocar licencias de radio/TV si incumplen con “lineamientos de contenido”, en un criterio vago que amenaza la autonomía editorial, ó del artículo 94, que concentra nombramientos de medios públicos (como radios comunitarias) en
Bajo la justificación de “motivos de seguridad”, en esta ley se permite el bloqueo de señales sin límite definido y habilita los apagones informativos; hay multas de hasta 10 por ciento de la facturación a plataformas por no retirar contenidos pedidos por autoridades. Estas acciones podrían asfixiar sobre todo a medios independientes que hoy por hoy son los que operan fuera del sistema con mucho esfuerzo y ejercen un verdadero periodismo crítico.
Concluyen los investigadores que la reforma busca modernizar telecomunicaciones y prevenir propaganda extranjera, pero por varios de los artículos son acusados de dar vía libre a la censura, concentración del poder regulatorio, vigilancia y apagones informativos sin contrapesos judiciales.
En fin, vamos para atrás y al paso que vamos seguramente pronto estará de moda la hoguera en leña verde…..todo como resultado de que a quienes les dimos el voto y además les pagamos hoy han decidido ir por la libre, han emprendido la Rebelión en la Granja.
