Por la Redacción
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INDAABIM, que hoy tiene en sus manos importantes decisiones, ha sido cuestionado históricamente debido a su marcado favoritismo en sus decisiones al gobierno federal y en contra de los ejidatarios, comuneros y ciudadanos que reclaman una justa indemnización en acciones de expropiación de tierras.
Jalisco al menos ha sido ya afectado de este tipo de decisiones como fue en el caso del Ejido de El Zapote y sus tierras expropiadas para el aeropuerto internacional de Guadalajara. Esto dio pauta a una lucha por años.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y tiene como principal función administrar y optimizar el uso del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), asegurando su aprovechamiento eficiente y transparente.
Pero sus funciones principales son precisamente los avalúos y justipreciaciones de rentas: Además realiza avalúos y determina rentas para dependencias y entidades federales.
Sin embargo es en los temas de justicia donde ha dejado mucho que desear y la historia revela varios ejemplos de injusticia social.
AMAÑOS Y BAJOS PRECIOS
Uno de ellos fue en el año del 2017, cuando ejidatarios del ejido Otilio Montaño (San Juan del Río, Querétaro.) acusaron al INDAABIN de amañar el avalúo para favorecer a una empresa minera, lo que representó pérdidas por 86 millones de pesos. Afirmaron que “sobornó a los valuadores para que establecieran el precio mínimo”. En aquél entonces el propio INDAABIN reconoció que ese avalúo fue irregular, según medios periodísticos, y se abrió una mesa de negociación posterior.
En Tlaxcala, algunos ejidos afectados por la autopista Arco Norte se quejaron de que INDAABIN valoró sus tierras en 175 pesos por metro cuadrado, clasificándolos como suelo agropecuario, lo que consideran injusto. Fue en el año del 2020 y recurrieron al amparo para obtener la reclasificación como suelo comercial.
Pero sin duda alguna el caso más significativo ocurrió en Guadalajara, donde el ejido El Zapote rechazó un avalúo de 61 millones de pesos por 307 hectáreas, equivalente a 20 pesos por metro cuadrado en plena zona del aeropuerto internacional. Los ejidatarios exigían entonces 840 pesos por metro cuadrado para sumar cerca de 2 mil 600 millones de pesos. Nicolás Vega, representante del ejido, lo calificó entonces como “ridículo” y “cínico”.
La demora de esta dependencia en sus decisiones impactó en su momento a la tardanza en resolver el caso, lo que generó movilizaciones y manifestaciones del ejido. Finalmente en el año 2023, se llegó a un acuerdo y hoy esos predios forman parte de la ampliación del aeropuerto con una segunda pista.
Especialistas en transparencia califican la gestión del INDAABIN como opaca. Señalan que menos del 10 % de los inmuebles federales cuentan con avalúos completos, y muchos están sin documentación adecuada, lo que crea condiciones propicias para discrecionalidad y corrupción.
Conclusiones sobre el funcionar del INDAABIM:
1. Percepción de bajos avalúos: Afectados dicen que los valores fijados por INDAABIN son significativamente menores que los del mercado (a veces 10‑40× menor).
2. Denuncias de amaños e irregularidades: En algunos casos se menciona que hubo sobornos o errores técnicos graves.
3. Retrasos en procesos legales: Incluso cuando hay resoluciones judiciales a favor, la ejecución del avalúo se retrasa.
4. Críticas técnicas y de transparencia: ASF y especialistas afirman que el instituto opera con deficiencias metodológicas y falta de información.
OTRO CASO EN JALISCO, LA OPORTUNIDAD DE RECUPERAR CREDIBILIDAD
En pleno año de la mujer indígena, un caso reciente (2024–2025), la Comunidad Indígena de Mezquitán, donde la mayoría de integrantes son mujeres, que obtuvo una sentencia del Tribunal Agrario para que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT) les pague por la ocupación de sus tierras, que fueron destinadas para la ampliación de la carretera Guadalajara – Ixtlahuacán del Rio – Saltillo, con base en el avalúocomercial que realice el INDAABIN. En 2004, la SICT amplió la carretera ocupando 269 mil m² de tierras comunales pertenecientes a la comunidad y se comprometió (hace más de 21 años), a pagarles una indemnización, pero solo pagó alrededor del 10%, dejando un adeudo pendiente, por lo que la comunidad tuvo que demandar a la SICT, para obligarla al cumplimiento del pago de la indemnización.
A lo largo de más de 8 años, la comunidad promovió juicios y obtuvo sentencias en su favor ante tribunales agrarios y dos amparos. Se ordenó a la a la SICT pagara a la comunidad Indígena, con base en el avalúo comercial que realice el INDAABIN, el cual ya le fue solicitado.
Sin embargo, han enfrentado demoras indebidas debido a amparos y falta de voluntad de la (SICT) y otras autoridades, lo que impide acceder al pago justo.
Recursos legales tardados: aunque hay pronunciamientos judiciales o mesas de diálogo, los procesos se extienden muchos años sin resolverse definitivamente.
El 26 de junio pasado el Tribunal Agrario ordenó al INDAABIN informar, en un plazo de 10 días, sobre el estado del avalúo necesario para que SICT cubra el adeudo y en eso están las ejidatarias, en espera de una justa resolución. “Llevamos 21 años luchando por nuestro pago… Queremos justicia pronta y expedita”, ha expresado Saúl Rodríguez Barajas, presidente del comisariado.
