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Aunque el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado es una realidad que desde hace años golpea a comunidades vulnerables del estado, las respuestas institucionales aún avanzan con lentitud. Esta semana, el Gobierno de Jalisco y UNICEF sostuvieron una reunión para “avanzar” en una estrategia estatal que busca prevenir esta problemática, pero sin anunciar medidas concretas ni fechas de implementación.
El encuentro, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Jalisco y UNICEF, se presentó como parte del convenio de colaboración entre ambas instancias. Según informaron, se revisaron buenas prácticas nacionales e internacionales que podrían integrarse a un futuro documento oficial.
Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre los mecanismos que se aplicarán para intervenir en las zonas donde los menores están más expuestos al reclutamiento, ni sobre cómo se garantizará su protección inmediata. Tampoco se presentaron diagnósticos actualizados ni cifras específicas sobre la magnitud del problema en el estado.
Organismos civiles y expertos en derechos humanos han advertido que en municipios marcados por la pobreza, la exclusión social y la presencia de grupos delictivos, muchos menores enfrentan un entorno en el que el crimen se vuelve una opción de supervivencia. A pesar de ello, las políticas públicas dirigidas a prevenir esta situación siguen siendo insuficientes y fragmentadas.
La reunión interinstitucional, que también responde a acuerdos tomados en la Subcomisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (SUBPREVNNA), incluyó a diversas dependencias estatales. Pero el reto sigue siendo pasar del diagnóstico a la acción, y hacerlo con un enfoque comunitario, territorial y de derechos humanos.
Mientras las autoridades hablan de estrategias preventivas, en muchas colonias de Jalisco las infancias siguen siendo invisibles ante la violencia estructural que las rodea. Prevenir el reclutamiento forzado requiere algo más que mesas de trabajo: exige programas sociales eficaces, presencia institucional en el territorio y atención directa a familias en riesgo.
El esfuerzo conjunto con UNICEF podría ser una oportunidad importante para fortalecer las políticas de protección infantil en el estado, pero sin medidas concretas y resultados visibles, la intención quedará en el papel.
