Familiares de desaparecidos señalan que los nuevos dispositivos de atención inmediata son insuficientes ante la falta de resultados concretos en búsqueda e identificación.
En medio de una crisis que mantiene a Jalisco como uno de los estados con más personas desaparecidas del país, el Gobierno estatal entregó este martes 60 Dispositivos de Atención Inmediata (DAI) a familiares de víctimas, como parte de una estrategia que, según colectivos, prioriza la imagen pública sobre las acciones de fondo.
El acto se realizó en Casa Jalisco con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien encabezó una reunión con 14 colectivos de búsqueda y buscadoras independientes. Durante el encuentro, el mandatario también prometió reunirse en los próximos días con familias en Teocaltiche, una de las regiones más afectadas por la violencia y desapariciones.
Los DAI —pequeños aparatos de pánico para pedir auxilio— fueron presentados como una herramienta para proteger a quienes han asumido la búsqueda de sus familiares ante la omisión de las autoridades. Sin embargo, integrantes de los colectivos cuestionaron que esta medida represente un avance real.
“Nos dan dispositivos mientras seguimos buscando en fosas con nuestras manos. No queremos botones, queremos resultados”, declaró al término de la reunión una integrante del colectivo Guerreras Unidas de Chapala, que prefirió no ser identificada por seguridad.
Aunque el gobierno estatal destacó la inversión de seis mil millones de pesos para fortalecer el sistema de videovigilancia C5 Escudo Urbano, no se presentaron avances claros sobre la localización de personas o identificación de restos. Tampoco se dieron detalles sobre los protocolos para operar los DAI ni se transparentó el mecanismo para distribuirlos.
Entre los acuerdos anunciados figura la propuesta de una Fiscalía Especializada Autónoma en Materia de Búsqueda, aunque no se fijó una fecha para su presentación ante el Congreso local. El Ejecutivo también prometió que los familiares serán reconocidos como grupo vulnerable, pero sin definir qué implicaciones tendría esta categoría en la práctica.
Uno de los pocos compromisos con cronograma fue la ampliación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en Puerto Vallarta, donde se construirá una nueva sede regional. A decir de colectivos, este anuncio responde más a exigencias previas que a una iniciativa gubernamental.
La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, se integró a los trabajos como representante de la institución. Aseguró que la UdeG pondrá sus capacidades al servicio de las víctimas, con estudios e investigaciones que podrían apoyar la identificación de restos o el análisis de contextos de desaparición.
“Bienvenidas las universidades, pero también necesitamos que no haya más obstrucciones de la Fiscalía a los procesos”, comentó una representante del colectivo Luz de Esperanza.
En paralelo, el DIF Jalisco anunció apoyos económicos por 300 mil pesos distribuidos entre algunas familias, lo cual fue percibido por parte de los asistentes como un gesto paliativo sin impacto real frente a la magnitud del problema.
Organizaciones como FUNDEJ, Buscando a Nuestros Tesoros Lagos de Moreno y Sendas de Justicia coincidieron en que la voluntad política no se puede medir con promesas ni con dispositivos, sino con resultados concretos: búsquedas con metodología, identificación oportuna de restos y sanción a los responsables.
Jalisco supera las 15 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Colectivos han documentado que la cifra podría ser mayor, ante el subregistro y la falta de denuncias formales por miedo o desconfianza.
Aunque el gobierno de Lemus insiste en que se están fortaleciendo las capacidades institucionales y tecnológicas, los familiares siguen cargando con la responsabilidad de buscar, identificar y, muchas veces, enterrar a sus seres queridos.
