La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones por otros posibles delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Los integrantes de un grupo musical, su representante y un promotor, señalados por presunta apología de la violencia, podrían acceder a una suspensión condicional del proceso, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y exista voluntad de las partes involucradas.
La opción se abrió luego de que los acusados mostraran disposición a enviar un mensaje positivo a través de una canción, lo que, de acuerdo con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiría al juez considerar la suspensión temporal del proceso. Esto podría cancelar la garantía económica que los imputados depositaron ante el juzgado y suspender las medidas cautelares impuestas.
El caso surgió tras un concierto en un auditorio de Zapopan, donde el grupo habría interpretado una canción que, según las autoridades, incluía imágenes vinculadas a un personaje relacionado con una organización criminal.
Aunque la suspensión condicional del proceso es una figura prevista en la ley, su aplicación no implica necesariamente la conclusión del caso ni garantiza la exoneración automática de los acusados. En caso de aprobarse, deberán cumplir con condiciones impuestas por el juez, que podrían incluir una reparación del daño.
Además, la posibilidad de llegar a acuerdos alternos podría extenderse a tres carpetas de investigación adicionales, abiertas por presentaciones similares en otros municipios del estado, siempre que las personas señaladas hayan sido vinculadas a proceso por esos eventos.
Sin embargo, esta alternativa legal no tendría impacto en otra línea de investigación que permanece activa, relacionada con el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por este motivo, el aseguramiento económico por este segundo caso sigue vigente y las pesquisas continúan.
El proceso legal abierto contra los músicos ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito artístico y la responsabilidad de los intérpretes en los contenidos que difunden, especialmente cuando éstos pueden ser interpretados como una apología del delito.
El caso permanece bajo seguimiento, mientras la Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias correspondientes.
