La clausura del Parque Industrial Guadalajara, realizada por autoridades municipales el pasado 11 de junio, abrió nuevamente el debate sobre los problemas de urbanización, planeación deficiente y riesgo de inundaciones en la zona.
Aunque la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) realizó una inspección técnica tras la clausura, el organismo no detectó daños directos a viviendas ni riesgos inmediatos atribuibles al funcionamiento actual del parque. Sin embargo, la revisión confirmó lo que los vecinos han denunciado durante décadas: la infraestructura pluvial es insuficiente y las lluvias intensas siguen provocando serios escurrimientos.
El gobierno municipal justificó la clausura por la falta de autorización, carencia de dictamen de usos de suelo y la ausencia de certificado de habitabilidad del complejo. A pesar de esto, las empresas que operan en el parque cuentan con licencias municipales previas, lo que evidencia contradicciones en la administración local y una posible falta de control en los permisos otorgados.
Vecinos de la zona señalan que las inundaciones no son un problema nuevo. De acuerdo con testimonios recabados por Protección Civil, las afectaciones por escurrimientos se presentan desde hace al menos 30 años, mucho antes del reciente crecimiento industrial. Esto sugiere que el problema es estructural y no exclusivamente atribuible al parque clausurado.
A pesar del diagnóstico, no se anunciaron medidas inmediatas ni responsables claros. La UEPCBJ recomendó la elaboración de un estudio integral para revisar la capacidad hidráulica de la cuenca urbana, pero la solución dependerá de la voluntad política y de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado.
Hasta ahora, la población sigue a la espera de respuestas concretas. La clausura, que parecía una acción contundente, terminó mostrando vacíos administrativos y la falta de una estrategia real para prevenir las inundaciones que cada temporada de lluvias ponen en riesgo a cientos de familias.
Mientras tanto, las autoridades estatales insisten en su disposición para colaborar en la elaboración de soluciones, pero sin plazos ni compromisos específicos.
