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Cuatro Presidentes de la República y No Han Cumplido a la Comunidad Indígena de Mezquitán

*Les Expropiaron sus Predios, pero Nunca les Pagaron

Por la Redacción

Después de que en el gobierno de Vicente Fox les expropiaron sus predios para ampliar la carretera a Saltillo, han pasado cinco presidentes de la República y cinco administraciones en la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sin que hasta ahora la Comunidad Indígena de Mezquitán haya recibido justicia, no les han indemnizado y a pesar de haber ganado todos los juicios, de que se han agotado todos los recursos jurídicos, no les han pagado.

La comunidad indígena que fue constituída en 1690 sufrió entonces el despojo de 26-93-22.8 hectáreas. El trámite empezó en 1999 en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y se consumó en 2003 dentro de la administración de Vicente Fox.

Fue el 03 de marzo del año 2004 cuando se celebró un convenio de ocupación previa para la regularización del derecho de vía, entre la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por otro lado la “Comunidad Indígena de Mezquitán” del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco, en donde se comprometieron a depositar el 50 % (cincuenta por ciento) del monto indemnizatorio calculado entonces enb 39 millones 65 mil 272 pesos.

La acción nunca se concretó. Solo les pagaron 4 millones de pesos y un millón 639 mil pesos en otra exhibición.

Eso fue en el gobierno de Felipe Calderón, con el gobierno de Enrique Peña Nieto la situación fue similar y ante ello, el 29 de enero del año 2017 la asamblea de la comunidad indígena de mezquitan” aprobó e instruyó a los integrantes del comisariado, a promover demandas, juicios, procedimientos o gestiones, ante el tribunal agrario correspondiente y ante cualquier autoridad administrativa o judicial, para reclamar el cumplimiento forzoso de los convenios de ocupación previa, celebrados con fechas 03 (tres) de marzo del año 2004, 07 (siete) de mayo del 2007 (dos mil siete) y 28 (veintiocho) de diciembre del 2007 (dos mil siete), con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El 22 de agosto del año 2017 la comunidad presentó demanda en el tribunal Unitario Agrario Distrito 16 y a pesar de que el gobierno federal, con cada presidente de la República, ha sostenido que quiere pagar, interpusieron todo tipo de respuestas, argucias legales, amparos y recursos.

Fueron siete años de confrontaciones en los tribunales agrarios donde a final de cuentas les dieron la razón total. El 26 de diciembre del año 2024, mediante sentencia se declaró improcedente el amparo que promovieron las autoridades y fue notificada a las partes, incluyendo al Tribunal Superior Agrario como autoridad responsable, con fecha 5 de enero del presente año.

El 6 de mayo 2025 todavía el Tribunal Superior Agrario emitió un acuerdo determinando   que de manera inmediata se devuelvan los expedientes al Tribunal Unitario 16 en Guadalajara, toda vez que el cumplimiento de sentencia emitida en el recurso de revisión 125/2022-16, queda a cargo de ese Tribunal Unitario agrario 16, la ejecución de las resoluciones, de conformidad con el artículo 191 de la ley agraria, en virtud de que fue él quien conoció del juicio agrario 222/2017 que dio motivo al recurso de revisión. sin embargo hasta hoy no han llegado dichos expedientes.

En un escrito reciente firmado por los integrantes de la Comunidad Indígena Mezquitán, en su mayoría mujeres debido a que en el camino han fallecido abuelos, padres y esposos, se dirigieron a la presidenta Claudia Sheimbaun Pardo, considerando las recientes reformas constitucionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y que a su solicitud, el Congreso de la Unión decretó el “2025 año de la mujer indigena”  solicitando la solución de este conflicto, iniciado hace más de 21 años, por pasadas administraciones, cuyos funcionarios, buscaron tácticas, dilatorias violando los derechos de las más de 300 familias que de esta comunidad, integrada en su mayoría por mujeres y adultos mayores, para que “se nos entreguen los pagos, que en derecho nos corresponden, con base en la ley agraria y en las sentencias emitidas por los tribunales agrarios”.

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