El senador Carlos Lomelí Bolaños impulsa cambios constitucionales para proteger las pensiones de millones de trabajadores en México.
El senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños presentó ante el Senado de la República una iniciativa que busca establecer como derecho laboral la portabilidad de la seguridad social. Este cambio permitiría a los trabajadores acumular semanas cotizadas y aportaciones en el sistema que más les convenga, garantizando mejores condiciones para su jubilación o pensión por vejez.
Propuesta clave: portabilidad como derecho constitucional
La propuesta incluye la reforma del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reconocer la portabilidad de la seguridad social como un derecho laboral. Esto implica que los trabajadores puedan migrar sus aportaciones entre diferentes sistemas sin perder beneficios acumulados.
Lomelí subrayó la urgencia de esta medida al mencionar que, según datos del INEGI de 2022, cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años no reciben pensión del IMSS, ISSSTE u otros sistemas debido a la falta de portabilidad en el marco legal actual.
Freno a inversiones de alto riesgo con recursos de pensiones
Otro eje central de la iniciativa es prohibir a las administradoras de pensiones realizar inversiones especulativas o de alto riesgo con los ahorros de los trabajadores. Lomelí recordó casos emblemáticos en Jalisco que evidencian el impacto negativo de estas prácticas:
- Chalacatepec (Tomatlán): Una inversión de 75 millones de dólares del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) en un desarrollo turístico que no cumplió sus objetivos.
- Villa Panamericana (Zapopan): 600 millones de pesos destinados a este proyecto en la administración del exgobernador Emilio González Márquez.
- Abengoa: Durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, se invirtieron 603 millones de pesos en bonos de deuda de la empresa española, que ahora valen apenas cuatro pesos por bono.
- Ciudad Judicial: En la administración de Enrique Alfaro Ramírez, 295 millones de pesos y un terreno valuado en 100 millones de pesos se destinaron a este proyecto.
En total, estas decisiones han generado un perjuicio económico estimado en 3,098 millones de pesos para el Instituto de Pensiones de Jalisco y sus afiliados, según Lomelí.
Impacto y próximos pasos
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Senado para su análisis y dictamen. De aprobarse, se fortalecerían las condiciones laborales de millones de trabajadores, al mismo tiempo que se protegerían los ahorros destinados a sus jubilaciones.
