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El próximo 27 de junio, en Jalisco comenzará una serie de foros y asambleas informativas para socializar con la población la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, propuesta enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El anuncio fue realizado por el Senador electo por Morena, Dr. Carlos Lomelí Bolaños, quien destacó la necesidad de democratizar este poder mediante el voto libre, directo y secreto de los ciudadanos.
Lomelí explicó que las asambleas se desarrollarán durante el mes de julio y contarán con la participación de legisladores y ediles, tanto actuales como electos. Ellos serán los encargados de informar en sus respectivas demarcaciones sobre los beneficios de esta reforma constitucional, en colaboración con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta actividad también responde a una encomienda de la Presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Independencia Judicial y Participación Ciudadana
El Senador electo subrayó que la falta de verdadera independencia en la administración de justicia ha sido una de las principales causas de la desigualdad en México. Esta situación ha generado un profundo distanciamiento entre la sociedad mexicana y las autoridades jurisdiccionales, afectando gravemente la credibilidad y legitimidad de nuestros tribunales.
“Nuestro objetivo es claro y ambicioso: reconfigurar el sistema judicial mexicano”, afirmó Lomelí. Añadió que es necesario asegurar la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales; fomentar la participación ciudadana en la designación de sus titulares; y garantizar una administración de justicia pronta y expedita. La campaña de socialización tiene como propósito, dijo, combatir la desinformación propagada por la oposición sobre este tema.
Reformas Propuestas
El Dr. Carlos Lomelí señaló que esta reforma fortalecerá el Estado democrático y la participación ciudadana. La elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante voto popular, consolidando así la legitimidad del Poder Judicial a través de procesos de democracia directa. Esto asegurará que la justicia se imparta con una perspectiva de justicia social y bienestar, libre de la influencia de grupos políticos y económicos.
Otra ventaja de esta iniciativa es que los recursos públicos del Poder Judicial de la Federación se administrarán bajo criterios de austeridad y responsabilidad. Se reducirá el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 y se ajustarán sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepciones. Actualmente, el sueldo bruto mensual del ministro o ministra que preside esta institución es de 309,126.03 pesos, mientras que el del Presidente de México es de 186,093 pesos.
Eliminación de Pensión Vitalicia y Reducción del Periodo de Encargo
La propuesta también incluye la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y la reducción del periodo de su encargo de 15 a 12 años. “Estamos buscando una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantice eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal, con elecciones populares para ministros, magistrados y jueces, asegurando legitimidad democrática”, reiteró el Dr. Carlos Lomelí.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal
Lomelí añadió que es fundamental sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes. Desde los años 90, la población mexicana ha desconfiado del sistema judicial debido al desinterés de sus integrantes por cumplir con sus deberes constitucionales, favoreciendo intereses de grupos de poder y generando escenarios de corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y negligencia.
Consolidación de la Reforma en Jalisco y en Todo el País
Finalmente, el Senador electo destacó la necesidad de socializar estas reformas en cada rincón de Jalisco y del país. La reforma no solo modernizará el sistema judicial mexicano, sino que también fortalecerá el desempeño de las autoridades judiciales, impulsará la transparencia y rendición de cuentas, y contribuirá al escrutinio público de los tres poderes de la Unión. “Es un paso decisivo hacia un México más justo y equitativo”, concluyó.
