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La ausencia de políticas públicas de integración social para los migrantes provenientes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que llegan al Área Metropolitana de Guadalajara está generando dificultades en su acceso a derechos básicos como salud, trabajo y asistencia social.
El profesor Luis Enrique González Araiza, docente de Relaciones Internacionales y Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, explica que la falta de documentación, como la Clave Única de Registro de Población (CURP), obstaculiza su integración. Sin la CURP, no pueden registrarse en el IMSS para obtener empleo ni acceder a prestaciones médicas y sociales.
González Araiza destaca que solo aquellos con una regular estancia, documentada por el Instituto Nacional de Migración (INM), pueden iniciar un proceso de integración social. La ausencia de políticas que atiendan estas necesidades impide que los migrantes accedan a servicios básicos y oportunidades laborales.
El diagnóstico elaborado por investigadores de la UdeG y el ITESO recomienda a los municipios metropolitanos coordinar esfuerzos para atender a las personas en contexto de movilidad, a través del Sistema DIF, institutos de la mujer y de la juventud, servicios médicos municipales y registro civil. También sugiere armonizar normativas administrativas y adaptar programas sociales para incluir a la población migrante.
En los últimos dos años, se ha observado un aumento en las solicitudes de condición de refugio, llegando a 120 mil en 2022 y 140 mil en 2023. Este incremento se debe a la llegada de migrantes que enfrentan crisis medioambientales, pobreza o persecución por violencia, y ven en México un país destino.
Es crucial comprender que México se está convirtiendo en un país de destino para personas en situación de vulnerabilidad, destacó González Araiza. Esto requiere una respuesta institucional y coordinada de los tres niveles de gobierno para garantizar la protección y el acceso a derechos de estas personas.
En este sentido, urge que los municipios y autoridades competentes diseñen políticas públicas que aborden las necesidades específicas de los migrantes, garantizando su acceso a servicios básicos, empleo digno y protección social. Es necesario avanzar hacia una integración real que promueva la inclusión y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen o situación migratoria.
