La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) ha llevado a cabo la clausura parcial temporal de un proyecto de fraccionamiento en las cercanías de la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco. Esta medida se tomó debido a que el desarrollo inmobiliario inició obras sin contar con la autorización condicionada vigente en materia de impacto ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).
La acción de clausura se llevó a cabo después de una denuncia popular presentada por las autoridades locales y en colaboración con personal municipal. Durante la inspección, se constató que se estaban llevando a cabo actividades de excavación para la colocación de tuberías, parte integral del sistema de drenaje, así como movimientos de tierra para nivelación y construcción de muros en obra negra. Todas estas acciones se desarrollaban sin contar con la autorización ambiental correspondiente, un requisito legal esencial para proyectos de esta índole, según la normativa ambiental vigente en el estado de Jalisco.
La clausura parcial temporal se impuso como medida de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos o daños al equilibrio ecológico y evitar la contaminación con consecuencias perjudiciales para el ecosistema y las personas de las comunidades cercanas. La decisión se fundamenta en el artículo 144, fracción I, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA).
La medida de seguridad permanecerá en vigor hasta que la persona a cargo del proyecto demuestre poseer la autorización en materia de impacto ambiental y realice las compensaciones necesarias para remediar los daños ambientales causados por las obras sin autorización. Además, deberá cumplir con las medidas preventivas y correctivas que la autoridad municipal le indique. El objetivo es que el proyecto se regularice en términos de permisos y autorizaciones de construcción, conforme a la reglamentación vigente.
Esta clausura destaca la importancia de respetar los procesos legales y ambientales al emprender proyectos de construcción, subrayando la responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios en la preservación del entorno natural y la seguridad de las comunidades circundantes.
