La Fiscalía Especial Regional, a través de su equipo de investigadores con sede en Chapala, ha logrado avances significativos en un caso de abuso sexual en contra de una menor de edad en el poblado de Atotonilquillo. Estos esfuerzos culminaron en la vinculación a proceso de José Santiago J., quien enfrenta acusaciones de ser el presunto responsable de este delito.
Por la Redacción
El juez encargado del caso ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, atendiendo a la solicitud presentada por el agente del Ministerio Público.
Las pesquisas realizadas por el personal de la Fiscalía arrojaron luz sobre un preocupante episodio de abuso sexual que tuvo lugar en 2018. José Santiago J. habría entablado una relación de noviazgo con la víctima, quien en ese entonces era menor de edad. Se presume que durante el transcurso de esta relación, ocurrió el delito de abuso sexual que ha dado lugar a la presente investigación.
Desde el momento en que se presentó la denuncia, el equipo de la Fiscalía Especial Regional actuó con celeridad y enfoque objetivo. Las investigaciones se llevaron a cabo con una perspectiva de género, demostrando el compromiso de la institución con la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de violencia de género.
Las diligencias realizadas permitieron obtener una orden de aprehensión contra José Santiago J., lo que finalmente condujo a su captura reciente. Tras ser presentado ante el tribunal correspondiente, el sujeto fue vinculado a proceso. La existencia de datos de prueba sólidos y convincentes respaldó esta decisión judicial, que también incluyó la determinación de mantener al imputado en prisión preventiva justificada por el periodo de un año.
La Fiscalía del Estado ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la investigación y persecución de delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, un grupo especialmente vulnerable ante la violencia de género. A través de este caso, la institución hace patente su determinación de hacer valer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los más jóvenes en la sociedad. Los recursos legales necesarios serán utilizados para asegurar que las víctimas de estos crímenes obtengan el apoyo y la reparación que merecen.
