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La maestra Irma Ramos Salcedo, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, ha señalado que tanto la legislación del Estado mexicano como la de sus entidades se encuentran desfasadas en comparación con el marco jurídico internacional en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y en garantizar que estos sean cumplidos diariamente.
Por la Redacción
La especialista resalta que, a pesar de las obligaciones internacionales asumidas desde 2006, la armonización de las legislaciones internas con respecto a la discapacidad aún se encuentra en una etapa incipiente. Aunque se han implementado algunas estrategias como la creación de rampas o la adaptación de espacios físicos y campañas de sensibilización, se ha dejado de lado la necesidad de políticas que faciliten el acceso a la justicia para este sector de la población.
La investigación realizada por la maestra Ramos Salcedo, titulada “Progresividad y acceso a la justicia para personas con discapacidad”, destaca la importancia de incorporar una normativa específica en la legislación que permita a las personas con discapacidad acceder a la justicia en igualdad de condiciones. La experta enfatiza que el acceso a la justicia no se limita solo a los aspectos legales o jurisdiccionales, sino que también abarca el desarrollo de instrumentos por parte del Estado que garanticen la igualdad de condiciones para que toda la ciudadanía disfrute de sus derechos.
El compromiso de México y otros Estados con instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implica respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, sin restricciones o interferencias en su realización. Sin embargo, aún falta trabajar en la implementación efectiva de estas políticas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos.
La académica considera que las autoridades deben avanzar en la creación de guías y protocolos para eliminar barreras en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito administrativo, se requeriría personal capacitado para atender a personas con discapacidad visual o sensorial.
Para lograr una efectiva política pública que facilite el acceso al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la maestra Ramos Salcedo resalta la importancia de desarrollar protocolos de actuación y guías de principios que sensibilicen a los responsables y fomenten una comprensión adecuada de la discapacidad.
Los resultados de esta investigación serán próximamente publicados en la revista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esta investigación y las declaraciones de la académica ponen de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, y en la creación de políticas inclusivas que garanticen su pleno acceso a la justicia y a todos los aspectos de la vida en sociedad.
