La Regidora Mariana Fernández Ramírez, integrante del grupo edilicio de Morena, ha denunciado que el Gobierno de Guadalajara, en la presente administración, realizará un pago de más de 100 millones de pesos a una empresa privada encargada de la cobranza del impuesto predial.
Por la Redacción
Según la Regidora, este tipo de adjudicaciones directas ya había sido cuestionado previamente por su grupo político, ya que las firmas de cobranza recibirían una comisión del 16% sobre lo recuperado, sin ofrecer un servicio más allá del envío de requerimientos de pago.
La Regidora Fernández Ramírez explicó que, en un primer momento, un funcionario de la Contraloría Ciudadana advirtió sobre la inviabilidad de hacer una adjudicación directa para este tipo de contratos. Sin embargo, la titular de la Contraloría compareció personalmente ante el Comité de Adquisiciones para dar validez a la decisión.
De acuerdo con los datos presentados por la Regidora, el negocio de la cobranza ha alcanzado un valor de 90 millones de pesos durante el periodo de la actual administración. En detalle, se asignaron más de 26 millones en 2021, una cantidad similar en 2022 y más de 38 millones en 2023. Esto resultaría en una ganancia total de más de 100 millones de pesos para los despachos de cobranza al final del gobierno.
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Ese recurso podría aprovecharse para la ciudadanía
Fernández Ramírez manifestó su preocupación por esta situación, ya que considera que el Gobierno de Guadalajara podría utilizar esos recursos en otras acciones de beneficio para la ciudadanía. Por ejemplo, con esa suma se podrían adquirir más ambulancias para satisfacer la demanda de la Cruz Verde, brindar apoyos adicionales a los policías, rehabilitar mercados o impulsar programas culturales, entre otras iniciativas.
Además, la Regidora cuestionó la asignación de estos pagos millonarios cuando el presupuesto de la Tesorería supera los 713 millones de pesos anuales. De esta cantidad, 109 millones se destinan al personal de la Dirección de Ingresos, quienes, según Fernández Ramírez, cuentan con la experiencia y disposición para llevar a cabo la tarea de cobranza del impuesto predial, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.
Concluyendo su declaración, la Regidora lamentó que, en lugar de aprovechar el conocimiento y experiencia de las autoridades fiscales internas, se prefiera otorgar este negocio multimillonario a empresas particulares, lo que, en su opinión, va en detrimento de los intereses de la ciudadanía. La denuncia de la Regidora ha generado inquietud entre diversos sectores, quienes esperan respuestas claras por parte de las autoridades para esclarecer esta situación.
