La Fiscalía del Estado de México, en colaboración con su homóloga de la Ciudad de México, logró capturar a Graciela S., madre del dueño de la financiera Green Oceans Inc, señalada como probable responsable en un millonario fraude.
Por la Redacción
La investigación reveló que desde el año 2020, Graciela S. pertenecía a la financiera ubicada en Guadalajara, que ofrecía membresías con la promesa de invertir y obtener ganancias atractivas. Sin embargo, al momento del pago, la empresa no cumplió con lo acordado, dejando una deuda de 3 millones 172 mil 234 pesos.
Graciela S. fue detenida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se le notificaron sus derechos constitucionales. Se le presume inocente hasta que le sea dictada una sentencia condenatoria.
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Colaboraron las fiscalías
Los trabajos de investigación que realizó el personal de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado, en colaboración con su homóloga de la Ciudad de México (CDMX), permitieron la captura de Graciela S., señalada como probable responsable en un millonario fraude.
La detenida es madre del dueño de la financiera Green Oceans Inc, señalada en diversas carpetas de investigación por un fraude millonario.
De los actos de investigación se desprende que Graciela S., desde el año 2020, pertenecía a dicha financiera que estaba ubicada en la avenida Rubén Darío, de la colonia Providencia, en Guadalajara, donde se ofrecían membresías con la modalidad de invertir y redituar atractivas ganancias.
Al llegar la fecha de pago, la empresa que era representada por la detenida no cumplió con lo acordado, dejando de pagar los intereses correspondientes a los ofendidos con un monto valuado en 3 millones 172 mil 234 pesos, por lo que se solicitó una orden de aprehensión.
Graciela S. intentó ocultarse de las autoridades, pero logró ser detenida este día en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se le cumplimentó el mandamiento penal por el delito de fraude.
A la persona detenida se le notificaron sus derechos constitucionales y se le presume inocente hasta que le sea dictada una sentencia condenatoria por parte de la autoridad jurisdiccional.
