La militarización del país se confirmó con la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que traerá más violencia y violaciones a los derechos humanos sin controles civiles sobre su actuación.
Por la Redacción
Así lo aseguraron expertos en la mesa “Asuntos críticos de la seguridad en México. Militarización, derechos humanos y compromisos internacionales”, en el Foro sobre Asuntos Críticos de la Seguridad en México y Jalisco, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, campus Los Belenes.
El foro, organizado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, también puso en el debate la militarización del país tras la reciente reforma que extendió la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028.
El integrante del comité y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), doctor Dante Jaime Haro Reyes, destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 510 quejas contra personal militar por violaciones a derechos humanos y emitió 14 recomendaciones.
“Es una gran tragedia este tipo de decisiones, pues la militarización parece la única forma de enfrentar las situaciones de violencia”, precisó.
El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Arturo Villarreal Palos, aseguró que la militarización está ligada con los abusos: desde los primeros presidentes del país, para luego dedicarse al combate al narco y después ocupar puestos públicos en fuerzas civiles de seguridad.
“Mientras más se profundiza la tarea de los militares más se profundizan las recomendaciones de derechos humanos, y más con los marinos, sin capacidades para lidiar con la sociedad civil”
La permanencia del cuerpo militarizado contradice la reforma de 2019 en la que se propuso la introducción de la Guardia Nacional para la capacitación de las policías y que luego regresaran los militares a los cuarteles; cosa que no ha sucedido.
“Tampoco se cumplieron las directrices para que en tanto se desarrollara la infraestructura de las policías, disponer de la fuerza armada, lo que está en la Constitución, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, destacó.
Para contrarrestar la presencia dominante, los especialistas propusieron dotar de recursos financieros. La falta de financiamiento a las policías estatales y municipales se refleja en los recursos dotados a la Guardia Nacional, que ascienden a 63 mil millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el único fondo vigente para las policías, recibió 8 mil millones de pesos.
Haro Reyes urgió a reflexionar sobre la implicación del Ejército en las calles, cuya composición en la Guardia es de 73 mil 800 elementos, sin atención a las policías.
- Arrancan las “Brigadas del Bienestar” en Tlaquepaque para mejorar la calidad de vida
- Proponen Portabilidad de Seguridad Social y Freno a Inversiones Riesgosas en Fondos de Pensiones
- Ahora le Corresponde a Mara Robles Presentar su Proyecto y Porqué Quiere ser Rectora de la UdeG
- Karla Planter Comparece ante el Consejo de la UdG en la Competencia por la Rectoría
- Secturjal impulsa la competitividad turística en cuatro Pueblos Mágicos de Jalisco
La deuda de la profesionalización
La gran deuda de la reforma policial es una deuda en la profesionalización de las policías, apuntó.
Para el investigador de El Colegio de Jalisco, doctor Javier Hurtado González, lo de la Guardia Nacional se trató de una decisión unánime y sin contrapesos políticos. “Se trata de una lamentable decisión del Estado mexicano, de la que nos vamos a arrepentir y que, además, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, el Senado y por todas las legislaturas estatales”, dijo.
El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, concluyó que la Guardia Nacional plantea una contradicción al pacto federal: desde 1824 se acordó organizar la seguridad pública de cada Estado en coordinación con el gobierno federal, y no por imposición del Ejecutivo.
“Estamos presenciando una determinación centralista que cambia o que muta el vocacionamiento de México como país para convertirse en una república centralista”, concluyó.
