Hoy se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes en el municipio de Iguala y los familiares siguen buscando sus desaparecidos, las autoridades no han informado de manera convincente y no hay ni un sólo condenado en este hecho, lo cual pone en evidencia la terrible impunidad que permea en el Estado mexicano previo a la militarización de la seguridad en el país.
Por la Redacción
La madrugada del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa iba a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, y tomaron unos autobuses para trasladarse durante las protestas que tenían planeadas. Sin embargo, fueron interceptados por diferentes corporaciones de seguridad y según se señala también por grupos del crimen organizado.
Hasta la fecha no se ha determinado cuál fue el móvil para atacar a este grupo de estudiantes, sin embargo una de las líneas de investigación señala que uno de los autobuses estaba vinculado al tráfico de drogas en esa región.
La llamada “verdad histórica” del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto señaló que los 43 estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos y posteriormente fueron asesinados y quemados en un basurero esa misma noche, después los restos y las cenizas habrían sido arrojados a un río.
Esta versión oficial ha sido duramente cuestionada y hoy en día se ha dicho que los jóvenes fueron desaparecidos en diferentes grupos y que participaron otros grupos institucionales, además se han encontrado restos en otros puntos de la región.
- Atlas vence a Guadalajara 2-1 y mantiene vivas sus esperanzas en el Apertura 2024
- Arrancan las “Brigadas del Bienestar” en Tlaquepaque para mejorar la calidad de vida
- Proponen Portabilidad de Seguridad Social y Freno a Inversiones Riesgosas en Fondos de Pensiones
- Ahora le Corresponde a Mara Robles Presentar su Proyecto y Porqué Quiere ser Rectora de la UdeG
- Karla Planter Comparece ante el Consejo de la UdG en la Competencia por la Rectoría
Habrían participado también militares
La llamada Comisión de la Verdad, instituida por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso evidencia de que se trata de un crimen de Estado.
Se sostiene que algunos militares habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes en el 2014 así como en la ocultación de lo ocurrido y de los presuntos vínculos con el crimen organizado.
La fiscalía señala que algunos militares ordenaron el asesinato de los estudiantes, además de que manipularon y habrían ocultado algunos de los restos.
Hace pocos días la Fiscalía federal ordenó la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, así como la detención de tres integrantes del Ejército mexicano, quiénes están presuntamente implicados en el hecho.
También hubo una infiltración de información al diario Reforma, en la cual presuntamente se dan detalles de la participación del Ejército y esta información pondría en riesgo los procesos judiciales que se llevan a cabo en este momento.
Se ha informado de manera oficial que los 43 estudiantes fueron asesinados, sin embargo, sólo se tiene evidencia de los restos de tres de ellos. Los padres de los estudiantes y otros familiares siguen en pie de lucha a 8 años de la desaparición.
Actualmente continúa el proceso judicial
A 8 años del crimen nadie ha sido condenado oficialmente. El caso contiene 28 causas penales que se llevaron a cabo en siete diferentes estados del país.
Hay aproximadamente 50 personas en prisión, cuatro de ellos son integrantes del Ejército así como el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex alcalde de Iguala y algunos policías.
La Fiscalía federal informó hace un mes de 80 nuevas órdenes de aprehensión, sin embargo muchos de los señalados ya están en prisión y se les han fincado nuevos cargos. Pocos días después, algunas de esas órdenes se anularon y los señalados siguen en libertad, entre ellos algunos militares y funcionarios del municipio de Guerrero.
Tomás Zerón fue el jefe de la investigación en aquel momento, hoy en día se encuentra prófugo en Israel y México hace la gestión necesaria para lograr su extradición; sin embargo, en este momento Israel no tiene un convenio de extradición con México, por lo que es de trámite podría demorar.
La participación que tuvo el Ejército
La madrugada del 26 de septiembre algunos elementos del Ejército mexicano se encontraban en puntos clave en el municipio de Iguala así como en el centro de coordinación de seguridad.
El año siguiente en el 2015 el secretario de la defensa Salvador Cienfuegos afirmó que los elementos castrenses no tenían responsabilidad en la desaparición de los estudiantes, sin embargo, hoy en día la Comisión de la Verdad asegura lo contrario.
El titular de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, afirmó que 6 de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega en Iguala algunos días después y presuntamente fueron entregados al comandante de la base militar de Iguala, quién posteriormente ordenó que los ejecutaran.
La misma Comisión difundió que, a partir de algunos mensajes telefónicos, se señala que elementos del Ejército mexicano manipularon y escondieron los restos de los estudiantes en las instalaciones del Batallón de Iguala, según publicó el diario Reforma.
Los detenidos
En el año 2020 fue detenido el capitán José Martínez Crespo y también había órdenes de captura contra 16 militares, sin embargo la Fiscalía ha retirado la orden de captura de ex militares, según informó el diario internacional El País.
Oficialmente no se ha dado una versión de por qué se ha retirado la orden de captura contra los 16 militares.
La Fiscalía federal giró la orden de aprehensión a 3 militares, entre ellos se encuentra José Rodríguez Pérez, quién estaba a cargo de la zona la noche de la desaparición de los estudiantes. Cabe mencionar que días después fue ascendido a general, sin embargo hoy está retirado y es señalado de vínculos con la delincuencia organizada. Según el titular de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, este elemento castrense fue el responsable de dar la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes.
También fue detenido el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien en este momento es procesado por la desaparición forzada, tortura, y obstrucción de la justicia, así como el haber inventado la llamada “verdad histórica” para ocultar la realidad de los hechos.
Sigue la opacidad en el crimen
La Comisión de la Verdad ha dicho que la versión oficial de la desaparición de los estudiantes de esa noche fue redactada bajo tortura y con manipulación de pruebas y, según se dijo, se organizó desde los más altos niveles del Gobierno Federal, señalando directamente al entonces presidente del país Enrique Peña Nieto.
Según publicó el diario Reforma, el presidente habría intentado proteger al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, mismo que hoy se encuentra tras las rejas.
Al parecer los elementos del Ejército que habrían participado en la ocultación de la verdad, sí habrían realizado torturas dentro de sus instalaciones, cómo señalan expertos internacionales tras analizar el material que se ha hecho público.
Había un infiltrado entre los estudiantes
Alejandro Encinas informó que uno de los 43 desaparecidos era un militar infiltrado entre los estudiantes para vigilar desde adentro lo que estaba ocurriendo, esto además de ser una nueva evidencia finca una nueva responsabilidad al Ejército, pues no lo protegieron cuando su vida corría peligro.
El abogado de los padres de los desaparecidos ha señalado que existe otro infiltrado que no desapareció y del cual tampoco se han dado detalles.
Algunos de los familiares de uno de los desaparecidos señalan que líderes estudiantiles en ese momento podrían estar también involucrados pues fueron ellos los que los incitaron a los jóvenes a manifestarse.
Hoy se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes en el municipio de Iguala y los familiares siguen buscando sus desaparecidos, las autoridades no han informado de manera convincente y no hay ni un sólo condenado en este hecho, lo cual pone en evidencia la terrible impunidad que permea en el Estado mexicano previo a la militarización de la seguridad en el país.
