Ser mujer en Latinoamérica significa enfrentarse a una violencia tirana, señalan especialistas
Por la Redacción
La pobreza y la desigualdad, así como la fallida administración y procuración de justicia, aunado a un mercado voraz que dicta cómo deben comportarse, vestirse y lucir; así como una religión que las relega a un papel secundario, son factores que inciden para que Latinoamérica sea una de las regiones más adversas del planeta para ser mujer. Tan es así que la mitad de los 25 países con más feminicidios en el mundo son de esta zona geográfica.
Esto lo plantearon las especialistas participantes en el panel “Violencia contra las mujeres y feminicidio”, en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño Juventudes en Resistencia, que tuvo lugar en la Sala Cineforo FICG y que es organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
“Vivir en América Latina es vivir en una de las regiones con más desigualdad y violencia tirana contra las mujeres; es toda una odisea. Vivir en regiones urbanas y ser indígena incrementa las posibilidades de sufrir violencia. La violencia contra las mujeres tiene que ver con estas desigualdades marcadas. La riqueza está distribuida en pocas personas, y eso hace que la desigualdad se manifieste en violencia contra mujeres, niñas y niños”, dijo la doctora Viridiana Flores, investigadora de la UdeG.
A esto se suma, explicó, que Latinoamérica tiene uno de los más altos índices de procuración de justicia fallida, pues dos de cada tres mujeres manifiestan haber sido víctimas y esa violencia no será castigada porque en esta región del mundo solamente dos de cada diez delitos se denuncian, y apenas uno de cada 100 recibe condena.
“Además, en este mundo globalizado el tema económico dicta los roles y estereotipos de una mujer, un mercado voraz que impone una figura estética, cómo debe vestirse y cómo debe llevar sus relaciones personales (…); además, la religión (mayoritaria) ha venido a imponer una carga en la espalda porque la mujer tiene un papel secundario en la vida de la sociedad, es una carga compleja”
Resaltó que es en los hogares donde las mujeres deberían de ser cuidadas, pero ahí se elevan las cifras de la violencia. La sociedad no ha entendido los nuevos modelos de familia, ni la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.
“México, Colombia y Brasil son países productores de droga sintética. Es una de las regiones donde se produce y distribuye la droga, con presencia constante del crimen organizado; una región donde se ha estereotipado, pues si una mujer es encontrada masacrada, dicen que ‘en algo andaba’. Todo esto forma parte de este cúmulo de ambientes sumamente violentos y difíciles para las mujeres. En estas ciudades latinoamericanas que han estado dirigidas y pensadas para hombres tenemos un caldo de cultivo para que sean ciudades violentas contra las mujeres”, subrayó.
“Por ello –añadió–, una mujer que llega a gobernar, antes tuvo que salir de esa familia que la violentó, de ese barrio que la violentó, de esa esa ciudad que la discriminó, de esa sociedad que la estereotipó”.
La doctora Rosalinda Mariscal Flores recordó que la desigualdad de género nace de un contexto de subordinación, marginalidad y riesgo, en el que el feminicidio es la forma más extrema de esta violencia.
“Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66 mil feminicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a infravalorarse, y que muchos países no diferencian entre homicidios y feminicidios. Mientras que 80 por ciento de las víctimas de asesinato son hombres, cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo el porcentaje de éstos desciende a un tercio”, explicó la catedrática de la UdeG.
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Añadió que los países con las tasas más altas de feminicidio son El Salvador, Jamaica y Guatemala. Y más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en este hemisferio, incluidos Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil y República Dominicana.
La doctora Fátima López Iturrioz, fundadora de la Red de Abogadas Violeta, recordó que al inicio de la pandemia recibían entre seis a diez llamadas por abuso sexual, violencia digital, falta de pensión alimenticia o sustracción de menores, entre otros; hoy reciben de 15 a 20 llamadas por día.
Denunció que la llamada Ley Olimpia en los hechos es casi imposible de aplicar. Se trata de una serie de reformas que penalizan la distribución de imágenes íntimas, coloquialmente conocidas como packs o nudes, así como actos de violencia digital.
“Las mujeres creíamos que como la Ley Olimpia ya estaba a nivel federal y en Jalisco pues podíamos vivir libremente nuestra sexualidad, situación no fue ni es así. En Jalisco sólo hay dos ministerios públicos para la violencia digital. Y solamente, tu carpeta de investigación trasciende cuando hayas llevado primero tu denuncia a la justicia y ellos hubieran acreditado las pruebas; y pueden lograr integrar la carpeta (aunque no se entiende bien esta parte). La gran pregunta es cuántas carpetas llegan a integrarse, es el gran fallo que tenemos”, indicó.
Se pronunció por otras formas de comunicación, pues el 911 no es suficiente, Puso como ejemplo el caso de una víctima que se vio orillada a esconderse en un armario mientras su agresor pretendía violentarla. Ella no podía hacer ni recibir llamadas al 911. Estaba con el teléfono en silencio y sólo podía acceder a redes sociales o Whatsapp.
“Finalmente, la pudimos ayudar por esas vías; pero el 911 no es la única forma que debe de haber para este tipo de emergencias”
La Directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco, maestra Patricia Sandoval Martínez, lamentó que en este país, cada cuatro minutos una mujer es víctima de violación, y esa cifra únicamente representa 10 por ciento de lo que realmente sucede, pues las agresiones no se denuncian.
“Aun así, si una mujer quiere decidir e interrumpir su embarazo, hay miles de trabas. Seguimos hablando de objetores de conciencia en pleno 2021”, subrayó.
Expuso que ante tal contexto han emprendido el programa “Código Violeta”, una política pública trasversal. Cuando una mujer aporta esa clave en una llamada de emergencia es prioritaria en el 911. También crearon a Las Ateneas, un cuerpo de mujeres policías que atienden y dan seguimiento a estos procesos de denuncia de violencia de género.
“Jalisco es el tercer estado más violento y el segundo donde la alerta está activa en todos los municipios. Tenemos que reconocer la situación, no podemos vivir engañadas. Con todo eso, me he topado con alcaldes y comisarios que dicen que es prioritario el robo a coches. A ellos les importa más un automóvil que la vida de las mujeres”, lamentó Sandoval Martínez.
La defensora de derechos humanos y activista política, Yndira Sandoval, citó al Expresidente chileno Salvador Allende, quien dijo que “ser joven y no ser un revolucionario es una contradicción hasta biológica”, pero fortaleció el mensaje recordando a Rosa Luxemburgo, quien dijera: “Quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad”.
“Hay una andanada para expulsar a las mujeres de la humanidad. Se nos asesina por el hecho de ser mujeres. Y que se ponga en duda al sujeto político del feminismo, que es la mujer, es inadmisible. Ahora, por aparentar ser progresistas, dicen personas; pero no son personas violando a personas, o matándolas o desapareciéndolas, sino que son hombres violando a mujeres, matando a mujeres. No nos reduzcan a personas gestantes y menstruantes”, subrayó Sandoval.
Se pronunció por un proceso de despatriarcalización, que consiste en desmontar prácticas que generan, profundizan o promuevan la desigualdad e injusticia, y por una desgenitalización de la política y una feminismocracia, que coloque a las mujeres al frente y sus derechos al centro.
La Secretaria Técnica del Mecanismo para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco, doctora Ana Lezit Rodríguez Chapula, indicó que es una obligación del Estado combatir, prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, y cuando se incumple, existe una modalidad de “violencia institucional” que termina afectando a la mujer en los ámbitos público y privado.
Recordó que en 1976 se firmó, en el orden internacional, el primer instrumento para la defensa de las mujeres, y adoptado por los sistemas interamericanos y europeo de derechos humanos. Dieciocho años después, la Organización de Estados Americanos firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
“Eso permite que el Estado mexicano tenga el deber de atender y combatir la violencia contra las mujeres en el orden federal, estatal y municipal, y adecuar su derecho interno. En 2009, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se obliga al Estado mexicano a responsabilizarse, atender y prevenir esos temas”, resaltó.
Explicó que, antes, las definiciones de violencia contra la mujer eran muy limitadas y solamente se constreñían a la física, psicológica y sexual, pero ahora ya se identifican las siguientes: económica, patrimonial, familiar, feminicida, laboral, docente, política institucional, violencia en el noviazgo, simbólica y mediática.
“Pero hay otras que no están en las leyes, como la violencia contra derechos sexuales y reproductivos, la moral, la obstétrica y, por supuesto, la violencia digital”, concluyó Rodríguez Chapula.
¿Cuáles política públicas urge trabajar con prioridad para detener el crecimiento de la violencia de género? Comparte tu opinión, déjanos tu comentario.
