Debe generar México presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos
Por la Redacción
La creación de políticas públicas y presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos son dos factores indispensables para que el Estado mexicano garantice a plenitud este tipo de derechos para toda la población, afirmó este martes la maestra Ana Gabriela Mora Casián, académica de la Universidad de Guadalajara, durante el círculo de Análisis sobre Derecho y Justicia, “A 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG y transmitido por redes sociales.
“El Estado debe de implementar mecanismos enfocados no sólo en el eje de la no discriminación, sino en la accesibilidad física y económica, en los servicios del Estado, el máximo uso de recursos económicos disponibles, así como en la rendición de cuentas y la transparencia; para esto, necesita elaborar políticas públicas y presupuestos públicos con ese enfoque de derechos humanos”, declaró la experta en relaciones internacionales durante su participación.
Dijo que con la reforma constitucional de 2011, que incorpora a los derechos humanos como parte fundamental del acceso a la justicia, el gobierno mexicano dio un giro a la política que predominaba hasta la década de los años 80, en el que era reticente a unirse a tratados internacionales y a ser supervisado por los organismos internacionales.
Con estas modificaciones a la Carta Magna, el Estado mexicano reconoce sus obligaciones respecto a la procuración y defensa de los derechos humanos mediante mecanismos jurídicos federales y locales, y permite a los defensores y activistas involucrarse activamente en este ámbito.
El doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, de la UNAM, señaló que antes de la reforma el acceso a la justicia y la protección de derechos estaba limitado y sujeto a formalismos imperantes del principio de legalidad, pero desde hace una década esto cambió.
“El tema de los derechos humanos dejó de ser un tema de los especialistas, como sucedía en la primera década de este siglo, en el que era un tema propio de los activistas o un ámbito de especialidad; eso, necesariamente, fue superado tras la reforma, porque ahora los derechos humanos obligan y conciernen a todas las autoridades y operadores políticos, y ahora es posible y legítimo que se le pueda hacer un planteamiento o exigencia específico sobre derechos al Estado, reclamarle que garantice, que asegure y respete un derecho humano del ciudadano”, subrayó el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Añadió que uno de los retos es asegurar que la sociedad tenga acceso al derecho a la justicia no sólo en el ámbito penal, sino que tenga una vía abierta en la que pueda presentar una queja sobre la afectación al interés común.
En la charla participaron también el doctor José Alberto del Rivero del Rivero, académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la doctora Silvia Patricia López González, profesora investigadora de la UdeG, quien fungió como moderadora.
