Pulso Crítico
Héctor Manuel Ramos Preciado
A un año del inicio de la pandemia por la COVID 19, los problemas que ya veníamos padeciendo se han recrudecido y aumentado, como consecuencia de ello el área metropolitana de Guadalajara se ha convertido en un escenario de constantes manifestaciones y protestas sociales: Marchas, reuniones, plantones (o plantona desde el punto de vista feminista) y manifestaciones, son ya, el pan de cada día y lo que para algunos son actos de molestia, para otros pueden ser el último recurso.
Recientemente hemos vivido varios actos de protestas por el desabasto de agua por parte del SIAPA (y los que siguen por este tema), ni que decir de la múltiples y variadas manifestaciones de mujeres con motivo con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), las de choferes de taxis de plataformas porque les restringieron la actividad durante el botón de emergencia y la de taxis amarillos reclamando regulación a los de plataformas digitales, las de estudiantes de la FEU por el acaparamiento y encarecimiento de tanques de oxígeno, las dolorosas marchas y manifestaciones de madres de personas desparecidas, las de abogados exigiendo la reactivación efectiva de la impartición de justicia en Jalisco, las de ex trabajadores del SITECOZOME exigiendo el pago de sus pensiones, las de las mujeres “paritaristas” exigiendo igualdad en la designación de candidaturas a cargos de elección popular, la de dueños de gimnasios exigiendo la reapertura de sus negocios, la de policías que exigen reducir la edad para jubilarse, la de docentes del COBAEJ por falta de pago de su salario, la de moto repartidores de comida… por citar solo las más significativas.
El derecho a la manifestación es una de las garantías fundamentales que nos otorga la Constitución General de la República (Ley suprema), principalmente en el artículo 9º. De la siguiente manera:
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Expresar en público nuestras ideas, y su manifestación, con un reclamo o protesta, es precisamente un derecho humano que va ligado a otros derechos humanos como el de la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión e incluso el derecho de petición de manera informal.
Es cierto que tenemos el derecho a manifestarse públicamente, pero el ejercicio de este derecho debe realizarse en armonía con nuestra vida en sociedad, por lo tanto, la protesta pública está condicionado (también por la Constitución) a que no se perturbe la paz social, el orden o el libre tránsito de los demás y en general a no afectar derechos de terceros; circunstancias que deben ser tomados en cuenta y respetados por quienes ejerzan su derecho de protesta.
En lo que corresponde al Estado, este debe garantizar que quienes se manifiesten cuenten con las condiciones para hacerlo a través de la fuerza pública (policía y vialidad), por lo tanto el despliegue policiaco no debe desincentivar el derecho de manifestación pública, sino más bien resguardarlo.
Cuándo las cosas no marchan bien en una sociedad democrática como la nuestra, las manifestaciones públicas se multiplican, pues son una forma de participar en la toma de decisiones, por lo tanto, durante las manifestaciones las autoridades federales estatales y municipales deben priorizar el diálogo y entendimiento (en el marco de la ley) como forma de atender las demandas o inconformidades. Lo peor que puede hacer la autoridad es caer en descalificaciones contra los manifestantes o ignorar sus demandas, pues esto puede acrecentar el conflicto y llevarlo a terrenos poco convenientes para todos.
El incremento de manifestaciones acontecidas últimamente en nuestra área metropolitana, es una señal de hartazgo a males sistémicos que se han decantado por la COVID 19. Nuestra metrópoli se ha convertido en un gran manifestódromo que sólo podrá ser frenado con mayor eficiencia en la gestión pública y menos corrupción. Para aquellos que olvidan para que fueron electos y/o designados, hay que recordarles que el artículo 39 de nuestra Constitución señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
