POR LA REDACCIÓN
Hace un par de semanas un amigo anunciaba en sus redes sociales que después de meses de confinamiento, acudía a la primera fiesta (una primera comunión) y tomó una fotografía donde aparecía otro amigo junto con su esposa, como invitados al evento. Hoy ambos están muertos.
En el barrio de la casa paterna, murió el papá de un amigo. De la nada, cayó al piso y ya sin signos vitales. Había tenido días atrás tos, un médico le extendió el certificado de defunción y fue velado en la zona. Hoy se habla de más de 30 personas contagiadas, entre las asistentes, dos ya fallecieron y el doctor que extendió el certificado, también.
No se a usted, pero parece que el Covid-19 está cada vez más cercano, pareciera que toca a la puerta.
Los especialistas confirmaron hoy no solo eso, sino que está fuera de control, con enormes costos sociales, pero también a la salud y económicos. Lo más grave, es que de muchos de esos efectos tardaremos años en superarlos, otros de plano no.L
El argumento es que esto es resultado de la tardía e ineficiente respuesta de las autoridades mexicanas, las defunciones de personal médico y sanitario en México son mas del doble que en Brasil y 5 veces más que en China o el Reino Unido. Representan al menos al menos el 21 por ciento del total de contagios registrados en el país.
En mayo dejaron de tener ingresos 12 millones de personas, 12.2 millones de miembros de la clase media caerán en pobreza, y para fines de 2020 habrá cerca de 95 millones de personas en pobreza, y más carencia alimentaria, expone el informe ‘La pandemia de COVID-19 en México, La dimensión de la tragedia’.
Signos Vitales urge a prestar atención inmediata al intento del poder presidencial discrecional para ejercer el presupuesto federal, a la estrategia de seguridad pública basada en su militarización con pocos resultados tangibles, y el aumento de refinación de petrolíferos está generando externalidades negativas en materia ambiental y de salud, entre otras alertas de vital importancia.
Son algunas de las conclusiones de la sociedad civil Signos Vitales, que presentó como parte de su segundo informe, ‘La pandemia de COVID-19 en México, La dimensión de la tragedia’, con el que da continuidad a su labor de dar luz a la realidad nacional a través de la recopilación de datos y la generación de diagnósticos con el objetivo de disminuir las asimetrías de la información entre entidades e instituciones gubernamentales, para así evaluar si las decisiones que se están tomando desde el gobierno son las adecuadas.
En la presentación participaron Ma. Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Salomón Chertorivski, Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano ‘Pensando en México’, Graciela Teruel, Directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (EQUIDE), Luis Foncerrada, Asesor Económico de American Chamber/México, así como. Enrique Cárdenas y Carlos Lascurain, Presidente y Director Ejecutivo de Signos Vitales, respectivamente, todos ellos miembros de los Comités que integran Signos Vitales y respaldan la labor de la asociación con sus largas trayectorias y experiencias profesionales.
El informe está compuesto por un análisis de la gestión de gobierno y los efectos de corto plazo de la pandemia de la COVID-19, al que se suma el diagnóstico de Signos Vitales en torno a temas que, por su importancia, trascendencia y urgente necesidad de atención, se consideran ‘alertas’ para México.
‘La pandemia de COVID-19 en México, La dimensión de la tragedia’ da cuenta de que a lo largo de la pandemia, desde la declaración de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, el gobierno mexicano ha proporcionado mensajes contradictorios entre el presidente de la República y las autoridades de la Secretaría de Salud, asumiendo una falsa encrucijada entre lo sanitario y lo económico, al considerar que la aplicación estricta de medidas de distanciamiento social atentaría en contra de la actividad económica del país, por lo que dichas medidas no se aplicaron a tiempo y, por lo tanto no se evitó la proliferación de los contagios: fue hasta el 30 y 31 de marzo que se declaró una emergencia sanitaria en el país, y al Ejecutivo le tomó 20 días establecer la primera sesión del Consejo de Salubridad General después del primer contagio detectado en México.
Aún bajo emergencia sanitaria, el gobierno se rehusó a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa, con lo que resultó imposible que millones de personas pudieran observar distanciamiento social, no se aplicaron exenciones fiscales ni garantías gubernamentales para respaldar créditos a empresas, y tampoco se dieron recursos para la investigación y el desarrollo de vacunas, aunado a que muchas medidas sanitarias fueron improvisadas y estuvieron mal diseñadas, al no contar con un sustento presupuestal, un marco legal adecuado, ni las estrategias necesarias para una coordinación efectiva entre autoridades federales y los gobiernos estatales.
La primera víctima de la tardía e ineficiente respuesta de las autoridades ha sido el personal sanitario. Al 16 de junio, la Secretaría de Salud (SS) informó que 32,388 de los 154,863 contagios eran de personal médico y sanitario (21%). Las defunciones de médicos y personal sanitario es 2.6% del total de muertes en México, más del doble que Brasil, el triple que Perú y cinco veces más que en China o el Reino Unido.
El informe también expone que la reacción del gobierno para combatir la recesión económica relacionada con la pandemia fue tardía, pues apenas se empezaron a dar los créditos y los pequeños apoyos hasta abril, y para el 15 de mayo, se habían entregado sólo 191,98149 de los tres millones prometidos. Esta era la medida diseñada para que el sector informal se quedara en casa, pero el apoyo de créditos a la palabra solo alcanzaría, de otorgarse los tres millones ofrecidos por el Presidente, a un máximo de 30% del sector informal de la economía.
Entre los escenarios que se plantean como consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta tardía de las autoridades mexicanas, Signos Vitales identifica el impacto sanitario, el económico y el social.
Sobre el escenario sanitario, el informe revela que la respuesta de México ante la pandemia fue lenta, tibia y basada en argumentos que no se ajustaban con la realidad que se estaba viviendo en el mundo y en el país. Por ejemplo, la estrategia del gobierno federal de monitorear la pandemia a través de muestreo limitado y no representativo, permitió el contagio de rebaño dado que la tasa de letalidad de la enfermedad era muy baja. Además, sólo se han hecho 4.9 mil pruebas por millón de habitantes, mientras en otros países la tasa es de 110 a 140 mil por millón; de aquí que el número de casos en México ha quedado sub-reportado, así como sucede con el registro del número de fallecimientos.
En lo económico, se pronostica que el PIB caerá más de 8% en 2020 y tendrá una recuperación muy lenta: En mayo dejaron de tener ingresos 12 millones de personas, habrá 4.3 millones más de jóvenes que no estudian ni trabajan, 12.2 millones de miembros de la clase media caerán en pobreza, y para fines de 2020 habrá cerca de 95 millones de personas en pobreza, y más carencia alimentaria. “El plan del gobierno para paliar la crisis económica y de empleo fue tímida, tardía e insuficiente”, afirmó Enrique Cárdenas, Presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, “ante la falta de apoyo gubernamental, la ocupación y el empleo se han colapsado, sobre todo los empleos informales y de bajos salarios”.
En el escenario social, se expone que las mujeres y los niños son quienes cargan el mayor peso de la crisis. La violencia de género ha aumentado más de 27%, se ha agudizado la brecha digital y la pandemia está teniendo graves consecuencias en el aprendizaje a distancia de 80% de los niños y adolescentes.
Ante la dimensión de la tragedia en México, ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y la tardía e ineficiente respuesta del gobierno, Signos Vitales resalta una serie de alertas que requieren atención inmediata en el país para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social:
- Intento del poder presidencial discrecional para ejercer el presupuesto federal.
- Tensión entre el presidente y un grupo de gobernadores por el Pacto Fiscal. Los diez estados que más contribuyeron a la federación (87% del total), recibieron 54% de las participaciones y 42% de las aportaciones.
- Estrategia de seguridad pública, basada en su militarización, con pocos resultados tangibles. En los primeros 16 meses del actual gobierno se han registrado 69 mil 554 homicidios, más del doble de los registrados durante los primeros 16 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se reportaron 30 mil 85.
- Agresiones desde el poder a periodistas y medios de comunicación, así como aumento de asesinatos de periodistas que amenazan la libertad de expresión. Artículo 19 contabilizó 609 agresiones contra periodistas en 2019.
- Extinción de fideicomisos públicos para allegarse fondos de uso discrecional, sin intervención del Congreso, que incrementa incertidumbre por potencial incumplimiento de contratos y obligaciones.
- Limitantes y sesgo electoral del “Censo de Bienestar”, usado para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales, levantado por la estructura electoral de Morena.
- En educación, los insumos perdidos por la desaparición del INEE y la prueba PLANEA; pobre asignación presupuestal de 6% del PIB; abandono escolar en la EMS superará el 16% por aumento de pobreza; reducción presupuestal de 74% para capacitación de docentes, y ningún presupuesto para Inclusión Digital.
- El flujo migratorio proveniente de Centroamérica es una crisis humanitaria. Presión de Estados Unidos para implementar mecanismos de contención que reduzcan drásticamente el flujo y eviten que centroamericanos lleguen a la frontera norte modificó nuestra política migratoria, con implicaciones en derechos humanos y crisis social. Se desplegaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional para patrullar la frontera sur y a 15 mil más para la frontera norte.
- El costo de apuntalar a PEMEX. El aumento de refinación de petrolíferos está generando externalidades negativas en materia ambiental y de salud. El uso de combustóleo por la CFE incrementó 43.4% la producción de partículas PM2.5, las más dañinas dado que penetran el sistema respiratorio, entre febrero y junio de 2020 en varias entidades federativas. La presencia de dichas partículas incrementa la tasa de mortalidad por COVID-19 en 8%.
- Crisis de empleo por la pandemia y el perfil de afectados: miembros de bajos ingresos del sector informal, asalariados de ingresos bajos, estados dependientes de turismo y otros servicios, empresas pequeñas y medianas.
Recordaron que para enfrentar todos los retos que se presentan en la actualidad para México, es necesario que su población y su gobierno actúen de manera informada, y que, por ello, la democratización de la información es la piedra angular del esfuerzo presentado en éste y todos los informes de Signos Vitales.
