LA OPINIÓN DEL DIRECTOR
Existe una frase que estipula; que no se puede mejorar lo que no se puede medir, entonces, si se toma en cuenta este criterio, para poder mejorar los altos índices de la inseguridad pública en nuestro país, es importante que las estadísticas de los delitos sean escrupulosamente elaboradas y difundidas a la población, preferentemente en periodos de cada mes.
De esa forma la sociedad civil podría enterarse, de que tan eficientes son sus autoridades en el combate a las actividades ilícitas y tendría evidencias para exigirles mayor eficacia a los gobiernos en turno, particularmente cuando estos no estén cumpliendo con su obligación de otorgarles seguridad a los ciudadanos, pero mejor aún, esos datos serian el fundamento para reconocer a aquellos funcionarios que realicen una labor eficaz en la disminución de los actos delictivos.
Y es que, hasta ahora, ninguno de los gobiernos ni el federal o los estatales emanados de los diferentes partidos políticos, se ha interesado legítimamente por implementar estadísticas objetivas, transparentes y confiables, mucho menos por difundirlas e informar los avances en cada uno de los rubros, ya sean de delitos patrimoniales como los robos, asaltos, fraudes, despojos, abusos de confianza, etc.
O de delitos contra la vida y la integridad física como, lesiones, desapariciones forzadas, secuestros u homicidios, es decir se ha carecido de voluntad política para que todas las fiscalías estatales y la general de la república, primero recaben información precisa de los delitos que se denuncian, luego se difundan periódica y públicamente.
Un avance importante sería que algunos legisladores patriotas, promovieran una ley que establezca sanciones a las autoridades que manipulen los datos o a quienes no los difundan, porque hoy en día, no son pocas las dependencias que manosean las estadísticas de los delitos denunciados
Por lo tanto, es importante establecer, que, si algunas de estas dependencias caen en la tentación de alterar para disminuir los datos reales o no presentarlas en tiempo y forma, haya sanciones para los infractores, ya que actualmente no hay ningún tipo de consecuencia.
Y es que una buena parte de la gente tiene la percepción que cada gobierno difunde estadísticas a modo, es decir no lo hacen con regularidad y cuando la presentan normalmente escogen premeditadamente solo aquellos delitos donde se han disminuido la frecuencia de las denuncias.
Incluso algunas corporaciones policiales o las agencias de los agentes de los ministerios públicos llegan a la desfachatez de pedirle a las víctimas que no hagan las denuncias formales, porque es peligroso para su integridad física o para sus familias, contribuyendo absurdamente a mejorar las estadísticas a través de infundirles más miedo a las personas vulneradas por los grupos criminales que operan en el país y no porque verdaderamente se estén cometiendo menos delitos.
Por lo tanto, es evidente que uno de los principales obstáculos que tiene la población mexicana, para exigirles a los gobiernos en turno un efectivo combate a la inseguridad pública, es la poca difusión y seguimiento a las estadísticas de los delitos cometidos en cada municipio, estado y a nivel nacional.
En México solo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realiza una labor transparente y sobresaliente, pero, aun así, es indispensable que las fiscalías aporten los datos oportunamente, asegurándose de que sean totalmente reales.
Basta de engaños y simulaciones, la sociedad requiere de cuentas claras de sus gobernantes, no hay que olvidar que los funcionarios son empleados de los ciudadanos de cada comunidad o de cada región, no pedimos otros datos, solo los que son reales, para medir realmente la eficiencia en el combate a la inseguridad pública de las autoridades de cada administración gubernamental.
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