Colaboración Especial
En la mayor parte del mundo las aplicaciones para los teléfonos inteligentes muestran direcciones, transmiten música y conectan a los amigos en las redes sociales. En China las aplicaciones también son herramientas que el Estado utiliza para el control de los civiles.
Las autoridades chinas utilizan una aplicación en particular para vigilar a los ciudadanos de Sinkiang (China), conocida como la aplicación IJOP (Plataforma de operaciones conjuntas integradas).
Sophie Richardson, directora para China en la entidad Human Rights Watch, describe esta aplicación como “el sistema nervioso central para la vigilancia”, dado que reúne datos de diversas fuentes de vigilancia que China ha instalado a lo ancho de Sinkiang, incluyendo cámaras de circuito cerrado para el reconocimiento facial.
La investigación (en inglés) de Human Rights Watch descubrió que la aplicación le sirve a la policía para rastrear docenas de piezas de datos, todo desde la profesión, religión, estatura, y si una persona:
Recientemente ha dejado de utilizar un teléfono inteligente.
Si fue a celebrar Hajj sin autorización estatal.
Utilizó más electricidad que la esperada.
No participó en las actividades locales del Partido Comunista.
Si tiene parientes que hayan sido condenados a muerte.
Cuando esta información se recolecta, es combinada con la información de las cámaras para el reconocimiento facial, puntos policiales de control, rastreos telefónicos y espionaje en línea electrónica. Los datos son enviados a una computadora del gobierno chino que analiza los datos, reconociendo a personas que considera una amenaza en potencia.
“Si la aplicación decide que la conducta de uno es sospechosa, es posible se reciba la visita de las autoridades locales”, dijo Richardson en un panel de diálogo realizado el 7 de agosto en el Departamento de Estado, para considerar la represión china de las minorías musulmanas en Sinkiang.
Esta vigilancia con alta tecnología es parte de la actual represión de las minorías étnicas y religiosas de China.
Las autoridades usan la aplicación para ayudarse a decidir a quién se envía a los campos, donde las autoridades chinas ya han apresado a más de un millón de uigures, kazajos, kirguizos y a miembros de otras minorías étnicas musulmanes en Sinkiang desde abril de 2017. Hay informes fidedignos de muertes en custodia y denuncias de trabajos forzados, tortura y otros tratos degradantes en los campamentos.
El rastreo en China de las minorías utilizando “amplia vigilancia con alta tecnología” es represivo y aterrador, dice Sam Brownback, embajador en misión especial de Estados Unidos para Asuntos de libertad religiosa internacional. Ello “afecta todo aspecto de la vida de esas minorías étnicas”.
