POR VÍCTOR DE LA CRUZ¡
Hace unos días el Presidente de la República anunció que instruyo a su consejero jurídico para que levantara una “denuncia”, dígase correctamente queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el bloqueo de las vías férreas en la comunidad de Caltzontzin en Uruapan, Michoacán.
Lo que los asesores de AMLO, no le advirtieron es que la Comisión es un organismo autónomo y no tiene competencia para juzgar actos de personas civiles, bien sean físicas o morales, solo puede emitir recomendaciones por acciones u omisiones de funcionarios del estado (gobierno).
En todo caso la comisión si podría recibir quejas de las empresas afectadas económicamente por la inacción del gobierno federal, ya que este tiene la obligación de hacer valer el estado de derecho y restablecer el orden y la paz pública, pero en este caso omitió imponer la ley a los responsables de bloquear las vías del tren, consintiendo que los inconformes mantuvieran por varios días el bloqueo.
Con este acto se afectaron los derechos y el patrimonio de las empresas, que tristemente perdieron cantidades cuantiosas de dinero, al impedir que sus productos circularan libremente por el territorio nacional hasta llegar a sus destinos.
Sería conveniente que el presidente escuchara más a sus asesores o que se rodeara de profesionales que conozcan la ley y la defiendan, para evitar una imagen inadecuada como gobernante, además de la incertidumbre que le genera a las empresarios, con el consiguiente riesgo de suspender la inversión privada que se tiene en nuestro país y las futuras inversiones que pudieran realizarse en México por empresarios de otras naciones.
Es importante tener presente que las empresas generan empleos y el pago de impuestos, los cuales se traducen en más y mejores servicios para toda la población.
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