En septiembre pasado Amnistía Internacional, la organización internacional no gubernamental defensora de derechos humanos más importante del mundo, dirigió al presidente electo de México AMLO un diagnóstico sobre la crítica situación de los derechos humanos en el país y un memorándum con recomendaciones precisas que atender en esa materia, bajo la premisa de que si el próximo gobierno coloca inmediatamente la agenda de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas y de las decisiones gubernamentales, contribuiría históricamente para mejorar la vida de millones de personas. Amnistía Internacional considera 6 importantes rubros que atender. Uno de esos rubros es el de Seguridad y Estado de Derecho.
La Seguridad y el Estado de Derecho son actualmente de los principales reclamos de la sociedad. Nadie en su sano juicio puede defender las políticas públicas en el combate a la inseguridad y frecuentemente se dice que vivimos en un estado fallido.
Amnistía Internacional crítica que a diez años de que las fuerzas armadas hayan incursionado en México en labores de seguridad pública combatiendo a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas ilícitas (contrario a lo recomendado por el derecho internacional), no se reducido la delincuencia ni la violencia; sino por el contrario, han aumento y además se han cometido crímenes y graves violaciones a los derechos humanos (tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales). Así mismo, Amnistía Internacional concluye que en nuestro país los cuerpos policíacos carecen en general de elementos técnicos y recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones, las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso son generalizadas y numerosos policías han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos, trayendo como consecuencia altísimos índices de impunidad.
Amnistía Internacional recomienda al gobierno entrante, reorientar la política de control de drogas pasando del uso de la fuerza pública y militar a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud; abrogar la Ley de Seguridad Interior para poner fin al papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública fortaleciendo la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles; modificar el marco legal para que todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, sean investigadas, procesadas y juzgadas solo por autoridades judiciales civiles; adoptar una ley sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos conforme a estándares internacionales; establecer un registro nacional de detenciones unificado y consistente para reducir las detenciones arbitrarias; reconocer la labor de la policía y garantizar la vigencia de todos sus derechos laborales, fortalecer su capacitación y la dotación de recursos y herramientas; suspender y castigar sin demora cualquier agente del estado implicado en graves violaciones a los derechos humanos; adoptar un registro nacional de desapariciones forzadas y no forzadas y garantizar la aplicación adecuada de las leyes especiales contra la tortura y la desaparición forzada y no forzada de personas.
La inseguridad y la violencia parecen no tener fin y hasta hoy, los gobiernos han fracasado rotundamente en esas asignaturas, por eso muchos mexicanos, al igual que Amnistía Internacional tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno encabezado por AMLO cambie o siente las bases del cambio para garantizar el derecho a la seguridad, tan anhelado por quienes habitamos este país.
